CLIPPVE y Un Mundo Sin Mordaza denuncian la desaparición forzada de Ort Betancourt, estudiante detenido por la PNB durante las protestas de este 9 de abril.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) y Un Mundo Sin Mordaza denunciaron hoy la grave desaparición forzada del estudiante Ort Betancourt en la capital venezolana.
Los cuerpos de seguridad interceptaron al joven de apenas 20 años durante las movilizaciones de trabajadores y estudiantes realizadas este 9 de abril.
Betancourt pertenece a la Unexpo Guarenas y milita activamente en el partido político Primero Justicia dentro del municipio Zamora.
Testigos presenciales confirman que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ejecutaron el arresto en las inmediaciones de la Plaza El Venezolano.
El joven participaba legítimamente en la concentración ciudadana que exigía mejoras salariales y derechos laborales básicos para toda la población. Sus familiares atraviesan actualmente una angustia indescriptible porque ninguna autoridad ofrece respuestas claras sobre su paradero oficial.
Han recorrido múltiples centros de reclusión sin obtener información veraz sobre el estado físico del universitario detenido de forma arbitraria. Este caso representa una violación directa a los tratados internacionales que protegen la integridad de los manifestantes pacíficos.
Patrón de persecución y desaparición de Ort Betancourt
Este arresto confirma un patrón de persecución inmediata contra los ciudadanos que deciden disentir públicamente de las políticas gubernamentales actuales.
La cifra de personas privadas de libertad de manera irregular aumentó drásticamente en menos de veinticuatro horas durante esta jornada.
El CLIPPVE advierte que el ocultamiento sistemático de los detenidos constituye un mecanismo de tortura psicológica cruel contra los núcleos familiares.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la fe de vida urgente de Ort Betancourt para garantizar su seguridad personal. Los organismos competentes deben respetar obligatoriamente el derecho constitucional a la manifestación pacífica sin recurrir a la violencia institucional.
La organizaciones responsabilizan directamente a las autoridades de seguridad por cualquier daño que sufra el estudiante durante su cautiverio ilegal. Exigen el cese definitivo de las detenciones arbitrarias y la libertad plena de todos los presos políticos en el país.
El Estado debe garantizar el debido proceso y detener la criminalización de la protesta social en las calles venezolanas. Solo el respeto a la ley permitirá restaurar la confianza en las instituciones democráticas nacionales.
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