El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha decidido, por una mayoría significativa, abrir una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro y varios miembros de su equipo de campaña de 2022, por presuntas irregularidades en la financiación de dicha campaña. La decisión, que incluye a Ricardo Roa, exgerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, y otros colaboradores, se basa en acusaciones de haber superado los límites legales de gastos y utilizar fuentes de financiación no declaradas.
La investigación abarca no solo a los individuos sino también a organizaciones políticas como el Movimiento Político Colombia Humana y el partido Unión Patriótica, bajo la sospecha de haber permitido el uso de fondos procedentes de entidades prohibidas para la financiación de campañas. Según el CNE, se han identificado gastos no reportados que ascienden a miles de millones de pesos, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral.
Petro y el “golpe de Estado”
Gustavo Petro, en respuesta a la decisión del CNE, ha calificado la acción como el inicio de un “golpe de Estado”, argumentando que el organismo no tiene la jurisdicción para investigar al presidente, cuya figura debe ser revisada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta narrativa de Petro ha estado presente desde hace meses, sugiriendo un sesgo político en contra de su administración.
Las irregularidades en cuestión incluyen omisiones en reportes de ingresos y gastos, como donaciones no declaradas de entidades como la Federación Colombiana de Educadores y el partido Polo Democrático Alternativo, así como gastos en propaganda y en la celebración de su victoria electoral.
El CNE ha detallado que en la primera vuelta, la campaña de Petro habría sobrepasado el límite permitido en más de 3.700 millones de pesos, y para la segunda vuelta, se habría excedido en aproximadamente 1.646 millones de pesos, con fondos que se cree provenían de la misma Colombia Humana y la USO, utilizados en logística y celebración post-electoral.
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