La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictaminado que el Estado de Chile es culpable de violaciones de derechos humanos contra 135 miembros de la comunidad mapuche. Esto ocurrió durante un proceso penal por su participación en protestas pacíficas en 1992.
Violaciones en el Proceso Penal
La CIDH ha señalado que el juicio contra el Consejo de Todas las Tierras, realizado en marzo de 1993, se llevó a cabo con un claro sesgo discriminatorio y lleno de prejuicios. La Corte destacó que durante el proceso, se cometieron varias irregularidades: no se ofreció traducción a una acusada que no hablaba español, se condenó a dos personas no incluidas en la acusación original, y se aplicó una ley penal ambigua sobre asociación ilícita.
La Criminalización de la Protesta Mapuche
El tribunal ha enfatizado que este proceso no solo fue injusto, sino que además criminalizó la acción social pacífica de los mapuches. Se violaron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y de reunión, y la no discriminación, afectando así la libre determinación de los pueblos indígenas.
Medidas de Reparación Ordenadas
La CIDH ha ordenado a Chile tomar medidas para reparar estos daños, incluyendo la anulación de la sentencia condenatoria y la eliminación de todos los registros penales y policiales relacionados con este caso.
Contexto de las Protestas
El Consejo de Todas las Tierras, una organización de líderes mapuches, organizó estas protestas entre el 16 y el 20 de junio de 1992 en las regiones de Biobío y La Araucanía, donde viven la mayor parte de las comunidades indígenas de Chile. Las víctimas fueron condenadas por múltiples delitos, con penas que iban desde multas hasta casi cuatro años de prisión.
Con informacion de Agencias
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