El director del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín, Juan Carlos Gómez, emitió una orden escrita el 13 de noviembre, prohibiendo la entrada de periodistas al recinto hospitalario.
Esta decisión, dirigida a jefes de servicio y personal de enfermería, no solo impide el acceso físico a las instalaciones, sino que también restringe la posibilidad de obtener información de los empleados del hospital sin autorización previa.
Esta medida, con sello oficial, ha generado una ola de protestas y ha sido ampliamente divulgada en redes sociales como X, donde usuarios han mostrado su preocupación y compartido la información.
Rechazo gremial a la censura en el Hospital de Maturín
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Monagas-Delta Amacuro rechazó tajantemente la medida.
Consideran que esta prohibición es inconstitucional y una clara violación a la libertad de expresión e información, derechos fundamentales garantizados por la Constitución venezolana.
El CNP argumenta que la acción del director del hospital contraviene el artículo 57 de la Constitución, el cual prohíbe expresamente la censura a funcionarios públicos al momento de informar sobre temas bajo su responsabilidad.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) e Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se han sumado a la condena, calificando la acción como arbitraria e inaceptable.
Antecedentes de restricciones y consecuencias actuales
Esta censura no es un hecho aislado. En gestiones anteriores, bajo el gobierno de la exgobernadora Yelitze Santaella, se registraron restricciones verbales a la labor periodística en el hospital.
Sin embargo, la actual administración del gobernador Ernesto Luna ha formalizado la prohibición.
Esta acción dificulta significativamente el trabajo de los periodistas, que se ven imposibilitados de recoger testimonios de pacientes y familiares sobre las deficiencias en la atención médica del hospital.
Reportes de usuarios de X indican una creciente preocupación por la falta de transparencia y la posible ocultación de información relevante para la ciudadanía.
La censura dificulta la labor de la prensa en la fiscalización de la gestión pública, privando al público de información crucial.
La prohibición representa una preocupante señal de opacidad, que compromete el acceso a información esencial para el bienestar de la comunidad.
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