Canje de condiciones electorales por flexibilización de sanciones

La flexibilización de las sanciones económicas a cambio de mejores condiciones electorales es funcional a las aspiraciones de los partidos políticos de aumentar sus cuotas de poder.

Pero si los candidatos no tienen una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no se sentirá motivado a votar porque no encontrará propuestas convincentes para mejorar sus precarias condiciones de vida ni superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, penuria agravada por los problemas cotidianos de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones, inseguridad, etc. que azotan a las familias venezolanas.

Estos son los problemas que atormentan a los hogares y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral.

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Sin embargo, prefieren poner delante su exigencia de mejores condiciones electorales a fin de cristalizar sus aspiraciones de poder, sin imprimirle a su mensaje un contenido social y esperanzador que interprete el sufrimiento de una población empobrecida que necesita soluciones concretas a sus problemas concretos.

Levantar la bandera de flexibilizar las sanciones económicas a cambio de mejorar las condiciones electorales, pero sobre todo a cambio de mejorar las condiciones sociales, es lo que puede motivar y movilizar a la ciudadanía para capitalizar electoralmente el enorme descontento nacional.

La emergencia humanitaria se debe atender sin condiciones

Ante la gravedad de la emergencia humanitaria, condicionar la flexibilización de las sanciones económicas a la mejora de las condiciones electorales resulta ruin e inhumano.

No se trata de crear un falso conflicto y negar la importancia de las condiciones electorales para realizar un proceso electoral competitivo, a tono con los estándares internacionales, pero mientras el discurso opositor se agote en denunciar el ventajismo electoral del gobierno y no se conecte con las aspiraciones de la gente por una vida mejor, el clamor de los electores no se verá interpretado en una retórica que es de exclusivo interés para quienes ambicionan ganar el poder.

Diferentes encuestas revelan que más del 60 % de los consultados se pronuncia a favor de flexibilizar las sanciones, independientemente de los avances en las negociaciones políticas.

Atendiendo a este sentir del país, en noviembre de 2022, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron las negociaciones en México y firmaron un Acuerdo para la Protección Social del Pueblo Venezolano.

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Acto seguido, el Departamento de Tesoro emitió una licencia a Chevron para producir petróleo con destino al mercado estadounidense.

Pero el Fondo para la Protección Social no recibió los 3 mil millones de dólares de la República que están congelados en el sistema financiero internacional.

En 2022, Citgo reportó una ganancia neta récord de 2.800 millones de dólares. Su presidencia ejecutiva declaró que gracias a ese desempeño:

“Logramos reducir la deuda de Citgo en 1.100 millones de dólares, y pagamos un dividendo a Citgo Holding, lo cual le permitió reducir su deuda en 489 millones de dólares, manteniendo, a su vez, altos niveles de liquidez“.

Sin embargo, ni un solo dólar de esas ganancias se ha destinado a pagar la deuda social.

Liberar los recursos del país que están bloqueados en el exterior y flexibilizar las sanciones petroleras para generar ingresos adicionales que permitan mejorar las condiciones de vida de la población no puede seguir subordinado a la mejora de las condiciones electorales.

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Los problemas que involucran la vida de la población se deben atender sin condiciones. Muchos venezolanos están pasando hambre, centenares de empresas están al borde de la quiebra, miles de puestos de trabajo se destruyen, millones de talentos venezolanos han migrado.

Cada vez son más los venezolanos que no pueden esperar a que las élites políticas se pongan de acuerdo. Para ellos no hay mañana.

La gravedad de la crisis emplaza al gobierno y oposición a ponerse de acuerdo para atender la emergencia humanitaria.

Solo a través de una negociación política sensata -que priorice el interés nacional y no los intereses partidistas o ambiciones personales-, será posible avanzar hacia una solución constitucional, democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

Supervisión internacional para garantizar el buen uso de los recursos

La dirigencia política se aleja del sentir nacional cuando condiciona la flexibilización de las sanciones a la mejora de las condiciones electorales y no a la mejora de las condiciones sociales.

Los sectores más radicales y desconfiados de la oposición se resisten a la flexibilización de las sanciones y afirman que eso significa oxigenar con más recursos financieros al régimen de gobierno que quieren cambiar.

A fin de generar confianza y asegurar el buen uso de estos recursos, desde la sociedad civil se propone la creación de un Fondo Humanitario Nacional administrado bajo supervisión internacional, a fin de garantizar que los fondos liberados sean destinados única y exclusivamente a atender la emergencia humanitaria.

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De lo contrario, la flexibilización de las sanciones solo servirá para que Chevron cobre lo que Pdvsa le debe, para que las ganancias de Citgo se destinen a pagar deudas a los acreedores, para que los tenedores de bonos cobren sus rendimientos pendientes, y para que los exportadores estadounidenses y europeos recuperen sus negocios en Venezuela; pero esos recursos no tendrán ninguna repercusión positiva en la atención de la emergencia humanitaria ni en la mejora de la calidad de vida de los hogares venezolanos.

Por todas estas razones, gobierno y oposición están emplazados a solicitar ante la OFAC una licencia que permita destinar a la emergencia humanitaria los fondos de la República bloqueados en el exterior, los ingresos petroleros adicionales que se generen por la flexibilización de las sanciones petroleras, un porcentaje de las ganancias de Citgo, los Derechos Especiales de Giro de Venezuela que están retenidos en el FMI y las incautaciones internacionales por corrupción.

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