El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denuncia hacinamiento, falta de higiene y cobros irrazonables a familiares en la sede de la PNB en San Agustín, Caracas.
Al menos 120 personas sufren condiciones inhumanas en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en la parroquia San Agustín. Los agentes permiten el aseo personal a los reclusos únicamente una vez por semana.
Esta restricción extrema eleva el riesgo de un brote severo de escabiosis en las celdas. La falta de acceso continuo al agua potable empeora la higiene diaria del recinto.
Cuatro calabozos albergan a 90 hombres en espacios diseñados para diez personas cada uno. Los reclusos realizan sus necesidades fisiológicas dentro de un agujero en la misma habitación donde duermen. Los olores pestilentes impregnan el ambiente de forma permanente.
Los familiares compran desinfectante e insumos de limpieza para evitar enfermedades en la piel. Además, varios detenidos dependen de la solidaridad de sus compañeros para comer.
Muchos familiares carecen de recursos económicos para trasladar alimentos todos los días. El Observatorio Venezolano de Prisiones exige respuestas inmediatas ante la degradación del centro policial.
Alerta sanitaria por hacinamiento crítico en los calabozos de la PNB
El hacinamiento crítico destruye la salud y la dignidad de la población reclusa en la capital. Los custodios cobran dos dólares a cada visitante para permitir la entrada al recinto. Un familiar sin dinero pierde el derecho a ver a su allegado durante la semana.
Las visitas duran apenas media hora y ocurren bajo estricta vigilancia policial. Los presos no reciben luz Solar directa ni realizan actividades físicas al aire libre. Un quinto calabozo mantiene aislados a 30 exfuncionarios policiales procesados por diversos delitos.
La legislación venezolana limita la estancia en centros preventivos a un máximo de 48 horas. Sin embargo, las autoridades retienen a estas personas durante meses o años de forma ilegal.
Esta permanencia prolongada convierte las comandancias en cárceles paralelas sin infraestructura adecuada. Las celdas carecen de espacio suficiente para garantizar un descanso mínimo.
La crisis sanitaria empeora con el paso de los días ante la indiferencia oficial.
Consecuencias operativas para la fuerza policial y pérdida de derechos
La retención prolongada impide que los reclusos rediman pena mediante el trabajo o la educación formal. Las normativas impiden la realización de actividades culturales, deportivas o visitas conyugales en estos recintos.
La custodia constante de civiles altera las funciones operativas de la policía en las calles. Los funcionarios carecen de formación académica para administrar centros penitenciarios de larga estancia.
El Estado tampoco asigna presupuesto para la alimentación de las personas privadas de libertad. Los mismos agentes pagan las reparaciones de las celdas con dinero de sus bolsillos.
La falta de patrullas dificulta el traslado oportuno de los procesados hacia los tribunales. Esta situación genera retrasos procesales graves y perpetúa la prisión preventiva injustificada. Los policías pierden capacidad de patrullaje preventivo en las comunidades por cuidar celdas saturadas.
El sistema policial asume competencias ajenas a su diseño legal y constitucional. La distorsión del trabajo policial afecta directamente la seguridad ciudadana.
Exigencias del OVP para clausurar las cárceles paralelas en Venezuela
El Observatorio Venezolano de Prisiones exige el traslado inmediato de los detenidos hacia centros penitenciarios formales. Las comandancias policiales no poseen el diseño técnico para albergar personas durante periodos largos. Mantener reclusos en celdas temporales vulnera compromisos internacionales sobre derechos humanos.
El Estado debe garantizar instalaciones con agua corriente, luz natural y atención médica periódica. La infraestructura actual degrada la condición humana de los prisioneros y enferma a los custodiados. El OVP demanda una investigación sobre los cobros irregulares exigidos a los familiares.
Las autoridades deben sancionar la extorsión en las puertas de los centros de detención. Venezuela necesita clausurar las cárceles paralelas para restituir el orden legal en el país. El cumplimiento de la ley exige respetar el límite de 48 horas de detención preventiva.
El traslado a cárceles reales devolverá la función preventiva a la Policía Nacional Bolivariana. La dignidad humana debe prevalecer en todo el sistema de justicia venezolano.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Danos tu opinión sobre el tema en nuestro foro de DEBATES de Telegram:
Por
Por
Por
Por
