17 mayo, 2024

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Esto reporta Bachelet sobre procesamiento de violaciones de los DDHH en Venezuela

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, reportó que ha habido pocos avances en el procesamiento judicial de las cadenas de mando de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro responsables de graves violaciones a los derechos humanos
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Caracas, 25 de enero de 2022. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, reportó que ha habido pocos avances en el procesamiento judicial de las cadenas de mando de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

En el Informe de Recopilación sobre Venezuela presentado ante el Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), la oficina de Bachelet destacó que aunque se han abierto algunas investigaciones, no ha habido ninguna sentencia definitiva sobre los casos denunciados.

“El ACNUDH prosiguió su diálogo periódico con el Ministerio Público y observó algunos avances en la actuación judicial en casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluida la investigación de 79 casos documentados de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad y 18 casos de muertes en el marco de protestas. El ACNUDH observó pocos avances en el establecimiento de una cadena de mando de las responsabilidades de las autoridades superiores, e indicó que no se había dictado ninguna sentencia definitiva sobre esos casos“, reseñó el informe.

En el mismo sentido, la oficina de Bachelet se refirió a los casos de tortura o malos tratos, y destacó “la necesidad de garantizar la responsabilidad tanto de los autores directos como de los que están en la cadena de mando, a fin de desmantelar las estructuras y prácticas que han facilitado la tortura y los malos tratos y evitar que se repitieran”.

El documento también reiteró la recomendación para que “los delitos perpetrados por funcionarios públicos se investigaran de forma rápida, exhaustiva e imparcial y que los presuntos autores, incluidos los de la cadena de mando, fueran llevados ante la justicia”.

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