Amnistía Internacional exige a Delcy Rodríguez la liberación de 500 presos políticos y denuncia fallos en la Ley de Amnistía de 2026.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente dirigida a Delcy Rodríguez para exigir la libertad inmediata de los presos políticos en Venezuela.
La organización contabiliza actualmente a cerca de 500 personas detenidas de forma arbitraria por razones ideológicas en todo el territorio nacional. El organismo denuncia la existencia de una “puerta giratoria” donde el Estado venezolanos ejecuta nuevas detenciones tras liberar a otros ciudadanos.
Este patrón persiste incluso después de la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026. Muchos detenidos enfrentan hoy la denegación sistemática de sus solicitudes de libertad o cambios arbitrarios en su estatus jurídico.
El documento destaca casos alarmantes como el de las hermanas Hernández, acusadas de terrorismo siendo apenas una de ellas menor de edad.
También menciona a figuras como Perkins Rocha y Javier Tarazona, quienes sufren restricciones severas a pesar de los reclamos internacionales previos.
La justicia venezolana mantiene procesos abiertos contra activistas y periodistas, ignorando los estándares mínimos de debido proceso y protección de los derechos fundamentales.
El drama de los presos políticos y la ineficacia legal
La organización humanitaria solicita a la presidenta encargada Delcy Rodríguez detener las causas penales con motivaciones partidistas y proteger la integridad física de los presos políticos.
El informe actualiza la situación de figuras emblemáticas como Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, quienes permanecen bajo custodia estatal injustamente.
La vigilancia sobre defensores de derechos humanos continúa mediante peritajes fiscales a equipos personales, como ocurre con la activista Martha Lía Grajales.
Amnistía Internacional advierte que los funcionarios responsables de estas violaciones podrían enfrentar juicios ante tribunales independientes fuera de las fronteras venezolanas. La exigencia incluye garantizar el acceso inmediato a médicos, abogados y contacto frecuente con los núcleos familiares de las víctimas.
El Estado debe cesar la persecución contra quienes disienten y asegurar una reparación integral para los afectados por estas detenciones. El mundo observa con atención el cumplimiento de estas demandas básicas de justicia y humanidad en el país caribeño.
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