Denuncian el traslado de exdirector de INJUBA acusado de torturas a Fénix Lara. Familiares exigen acción urgente al Ministerio Público.
Las autoridades penitenciarias destituyeron a Elvis Macuare Guerrero del Internado Judicial de Barinas tras graves protestas de los reclusos en mayo. Los prisioneros denunciaron al funcionario por tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de dicho recinto penal.
Sin embargo, el Estado evitó iniciar una investigación penal sobre los hechos reportados por las víctimas. La administración penitenciaria nombró sorpresivamente a este antiguo agente policial como nuevo subdirector del Centro Penitenciario Fénix Lara.
Diversos familiares señalaron que el funcionario aumentó las medidas represivas desde sus primeros días en el cargo.
El señor Macuare impone severos castigos administrativos que incluyen la suspensión de visitas familiares y largos períodos de aislamiento.
Los testimonios recibidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones detallan golpizas brutales e incluso descargas eléctricas en los pies. Varios reclusos sufrieron desmayos por la violencia física ejercida por el personal de custodia.
Las familias temen por la vida de sus allegados debido al incremento sostenido de muertes violentas registradas recientemente en la cárcel.
Graves denuncias por tratos crueles sacuden el penal Fénix Lara
Las denuncias sobre abusos graves en Fénix Lara salpican directamente a la actual dirección del establecimiento. Macuare comparte el mando de la institución con Héctor Maraima, quien ocupa la dirección principal desde hace tiempo. El Observatorio Venezolano de Prisiones registra múltiples acusaciones de tortura y corrupción sistemática contra ambos directivos penitenciarios. La presencia simultánea de estos dos administradores genera un clima de extrema vulnerabilidad para la población reclusa. Parientes de los detenidos afirman que al menos dos fallecimientos recientes ocurrieron por golpizas ordenadas internamente. Las instituciones del Estado conocen el deterioro de las condiciones de reclusión sin aplicar correctivos o sanciones. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo mantienen un silencio institucional ante los reclamos informados. Esta inacción estatal permite la continuidad de agresiones físicas dentro del recinto carcelario. La comunidad de familiares exige la intervención inmediata de los organismos de protección ciudadana para detener los abusos.
Exigen fin al reciclaje de funcionarios en recintos penitenciarios
El Observatorio Venezolano de Prisiones reprocha rotundamente la práctica estatal de trasladar personal denunciado entre diferentes penitenciarías.
Mover a los sospechosos de recinto no resuelve los problemas estructurales del sistema carcelario venezolano. Esta rotación constante encubre las faltas graves y detiene las investigaciones penales sobre la conducta de los custodios.
Las organizaciones civiles demandan una revisión urgente del perfil profesional de todos los directores y subdirectores penales. Las normativas internacionales de derechos humanos enfatizan que el personal policial y militar no posee formación para la gestión penitenciaria.
Los recintos de reclusión requieren personal especializado en tratamiento integral y garantías de derechos fundamentales. La asignación de funcionarios formados para la represión directa favorece las violaciones sistemáticas contra las personas privadas de libertad.
Los defensores de derechos humanos insisten en suspender a los agentes señalados por agresiones a los internos.
Instituciones públicas deben actuar ante delitos en el sistema penal
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deben asumir sus responsabilidades constitucionales sin mayor dilación.
Omitir la investigación de agresiones físicas convierte a los organismos receptores en cómplices por inacción u omisión administrativa. Las denuncias presentadas revelan un patrón sistemático de impunidad dentro de los establecimientos de reclusión del país.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario debe erradicar la política de traslado preventivo como sustituto de la justicia. La impunidad perpetúa el ciclo de agresiones y pone en riesgo la vida de miles de reclusos. Los familiares de las víctimas exigen auditorías independientes en todos los centros penitenciarios bajo sospecha de violencia.
La aplicación de la ley exige la destitución e imputación formal de los funcionarios que ordenan torturas. Solo las sanciones judiciales verdaderas frenarán la represión desmedida dentro de los penales venezolanos.
La sociedad civil exige medidas inmediatas para restablecer el respeto por la dignidad humana en las cárceles.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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