Linda Loaiza denuncia una nueva postergación judicial en Caracas. La defensora acumula más de 25 años exigiendo justicia y castigo al delito de violación.
La abogada y defensora de derechos humanos Linda Loaiza López Soto denunció este martes la suspensión de su más reciente audiencia penal.
El tribunal de Caracas postergó nuevamente la revisión de las apelaciones interpuestas por la víctima y la fiscalía. Este recurso busca anular la absolución del agresor por el delito de violación cometida en su contra.
La activista afirmó en sus redes que cada diferimiento prolonga las heridas de quienes exigen verdad. La paciencia de las víctimas se agota mientras el sistema legal venezolano añade más trabas a una causa emblemática.
La larga exigencia de justicia ante las apelaciones en los tribunales de Caracas
La cita judicial del 11 de agosto respondía a una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en 2016. Esta medida exigía a una nueva sala evaluar los recursos contra la sentencia dictada en 2006.
Las autoridades judiciales notificaron a Loaiza el pasado 7 de agosto sobre esta convocatoria formal. Sin embargo, la Corte de Apelaciones suspendió la sesión programada sin ofrecer respuestas efectivas a la querellante.
Con esta acción, el Estado venezolano suma otro capítulo de retrasos a un expediente que acumula más de dos décadas de impunidad.
Años de irregularidades en el proceso judicial venezolano
El calvario de la abogada comenzó en marzo de 2001 tras sufrir secuestro, tortura y esclavitud sexual en la capital.
Los funcionarios policiales y bomberos la rescataron cuatro meses después en condiciones críticas. Desde entonces, el camino legal ha registrado graves fallas operativas y la rotación de decenas de jueces.
Un juicio anterior condenó al agresor únicamente por lesiones e privación de libertad, ignorando la agresión sexual. Por ello, la defensora mantiene su lucha para lograr el castigo correspondiente a los delitos que aún quedan impunes.
La condena internacional que el Estado sigue ignorando
Loaiza llevó su reclamo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras agotar las vías nacionales. Posteriormente, la Corte Interamericana dictó una sentencia histórica en 2018 que responsabilizó directamente a Venezuela.
El fallo internacional ordenó reparar los daños causados y sancionar adecuadamente a todos los responsables. No obstante, las instituciones venezolanas incumplen las exigencias del tribunal internacional y dilatan el proceso.
La activista promete continuar su demanda de reparación integral frente a un sistema que insiste en dar la espalda a las víctimas.
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