
El OVP denuncia la muerte de tres reclusos en penales de Venezuela y exige investigar negligencias médicas y retrasos en traslados hospitalarios.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este martes el fallecimiento de tres presos bajo la custodia del Estado.
La organización no gubernamental contabilizó los decesos en centros penitenciarios de los estados Carabobo, Miranda y Lara.
Informes médicos confirmaron la muerte de Anthony Portillo Gómez en el centro hospitalario de Valencia tras un fallo neurológico. Por su parte, Víctor Salgado falleció por serias complicaciones de salud en el hospital Domingo Luciani de Caracas. Finalmente, el interno Adrián Felipe perdió la vida en el penal Fénix Lara debido a un cuadro de deshidratación severa.
La ONG exige investigaciones exhaustivas para determinar responsabilidades penales y administrativas sobre estos trágicos hechos.
El OVP exige investigar la atención sanitaria recibida por los presos
El organismo cuestionó con firmeza los actuales protocolos sanitarios de los recintos carcelarios venezolanos. Los activistas afirmaron que las autoridades actúan únicamente cuando el deterioro físico de la persona resulta irreversible.
Por ello, instaron a implementar respuestas preventivas e inmediatas dentro de los calabozos para evitar muertes evitables.
La ONG solicitó inspecciones urgentes al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo en los internados judiciales. Estas instituciones deben evaluar el desempeño de los jueces de ejecución encargados de cada causa.
Asimismo, los fiscales deben verificar si existió negligencia interna durante la permanencia de las víctimas en los penales.
La organización insiste en revisar los traslados hospitalarios tardíos de las personas privadas de libertad.
Los defensores de derechos humanos señalan constante burocracia para autorizar la salida de enfermos hacia los centros de salud. Esta falta de atención oportuna agrava las patologías comunes de la población reclusa.
Los familiares exigen respuestas claras y justicia ante la pérdida de sus seres queridos. La precaria condición sanitaria en los establecimientos penitenciarios mantiene en alarma a diversas organizaciones civiles del país.
El Estado venezolano debe garantizar la vida e integridad física de cada ciudadano bajo su custodia legal.
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