Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones revela que 49 reclusos fallecieron por falta de atención médica y omisión oficial en solo cuatro meses, convirtiendo enfermedades tratables en causas mortales.
Durante un periodo de cuatro meses, el sistema penitenciario de Venezuela registró una cifra alarmante de decesos dentro de sus instalaciones.
Las estadísticas señalan que 49 reclusos fallecen por negligencia institucional ante la mirada indiferente de las autoridades custodias. Entre los meses de abril y julio, una persona privada de libertad perdió la vida cada tres días de forma contante.
El Observatorio Venezolano de Prisiones documentó con detalle cada caso acontecido en los recintos. De este grupo, 48 víctimas eran hombres y una era mujer. La gran mayoría pereció en penales nacionales, mientras que dos personas murieron en calabozos policiales. Todas estas personas dependían totalmente del Estado para recibir asistencia médica y tratamientos indispensables.
El deterioro de la salud en los centros de reclusión representa hoy la causa principal de los fallecimientos registrados.
Quien permanece privado de libertad conserva sus derechos a la vida y a la atención sanitaria intactos. Sin embargo, las autoridades niegan constantemente los permisos para exámenes especializados o consultas externas.
Los familiares intentan llevar medicinas e insumos, pero sus esfuerzos resultan insuficientes sin un diagnóstico a tiempo. Adicionalmente, la suspensión arbitraria de los traslados a centros de salud agrava los cuadros clínicos de los internos.
Las excusas frecuentes incluyen la falta de transporte, boletas de traslado o personal de custodia. Esta inacción transforma padecimientos sencillos en diagnósticos terminales de manera inevitable.
La inacción oficial vulnera a los reclusos en los penales
Las patologías que provocaron estas muertes eran completamente prevenibles y tratables en condiciones sanitarias normales.
El informe confirma que 49 reclusos fallecen por negligencia ante cuadros severos de tuberculosis, deshidratación y diarreas agudas. Estas afecciones no debieron causar la muerte de ningún paciente bajo custodia oficial.
La responsabilidad recae directamente sobre el Ministerio del Servicio Penitenciario como ente garante de la integridad física.
Cuando ocurre un deceso bajo estas circunstancias, el Estado debe investigar minuciosamente las causas y sancionar a los culpables. No obstante, las instituciones públicas omiten sus funciones constitucionales y evitan rendir cuentas sobre estos trágicos sucesos.
La falta de actuación de los órganos del Poder Ciudadano fortalece la impunidad dentro del sistema penitenciario nacional. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los jueces de ejecución ignoran abiertamente las denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
Ninguno de estos organismos aplica medidas correctivas ni abre averiguaciones penales para determinar la culpabilidad de los funcionarios. Esta omisión constante envía un mensaje muy grave a la sociedad civil.
La indiferencia institucional confirma que en las prisiones venezolanas las personas pueden morir por abandono sin generar consecuencias legales. La complicidad entre los distintos poderes públicos perpetúa la desprotección total de la población penal.
Exigen medidas para proteger a los reclusos vulnerables
Ante esta grave crisis humanitaria, el Observatorio Venezolano de Prisiones exige investigaciones transparentes, exhaustivas e imparciales de inmediato.
La organización insta al Ministerio Público a establecer las responsabilidades penales y administrativas sobre los funcionarios involucrados. Asimismo, resulta urgente la intervención directa de las autoridades penitenciarias para brindar atención médica prioritaria en todo el territorio nacional.
Se requiere permitir el ingreso de médicos independientes que realicen evaluaciones de salud objetivas a los internos. Solo mediante estas acciones será posible suministrar los tratamientos requeridos y evitar que sigan ocurriendo muertes evitables en las instalaciones carcelarias del país.
Nota de Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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