La estudiante de la Universidad de Carabobo, Ronexi Magdaleno, acumula casi dos años privada de libertad en Caracas. Su familia denuncia torturas, irregularidades procesales y la denegación constante del derecho a la defensa privada.
La estudiante de Histotecnología en la Universidad de Carabobo, Ronexi Magdaleno, enfrenta un amargo cautiverio que roza los dos años.
Agentes estatales arrestaron a la joven en la localidad de Güigüe, estado Carabobo, cuando ella apenas sumaba 19 años. Hoy, con 21 años cumplidos, permanece recluida en un comando de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en el sector El Valle, en la ciudad de Caracas.
La fiscalía le imputa cargos gravísimos que incluyen terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y tráfico ilegal de armas de fuego. No obstante, los tribunales mantienen paralizado su proceso judicial desde mediados de diciembre del año 2024.
La representación fiscal sostiene que la joven gestionaba el ingreso irregular de armamento proveniente de territorio estadounidense mediante empresas de encomiendas.
Pese a tales afirmaciones, los cuerpos policiales jamás investigaron ni aprehendieron a ningún directivo o empleado de la compañía implicada. La familia asegura que el verdadero motivo del arresto radica en su activismo ciudadano durante el proceso electoral en julio de 2024.
Ronexi Magdaleno exigió públicamente el escrutinio transparente de las actas de votación y difundió críticas abiertas en sus plataformas digitales. Esta postura crítica desencadenó el hostigamiento institucional contra la estudiante.
La irregular captura de la universitaria detenida en Venezuela
Un contingente de funcionarios policiales irrumpió en la vivienda de los abuelos maternos de Ronexi durante el mes de septiembre de 2024. Al no localizar a la joven en la residencia, los efectivos retuvieron a un menor de edad para forzar la ubicación exacta de la estudiante.
Tras hallar a Ronexi Magdaleno en su lugar de trabajo, los agentes amenazaron con llevarse al menor si ella no abordaba el vehículo oficial. Ante el chantaje directo, la joven accedió sin oponer resistencia. Los actuantes omitieron identificarse y ocultaron todo motivo legal durante la ejecución de la detención.
La incertidumbre dominó a los familiares durante interminables horas hasta ubicar su paradero en la sede policial de Naguanagua. En dicho lugar, las autoridades admitieron la existencia de una orden directa de aprehensión emitida desde el nivel central gubernamental. Días después, la trasladaron de manera clandestina hacia la capital del país.
Transcurrió casi una semana antes de que la joven lograra comunicarse telefónicamente con sus familiares.
Para ese momento, un tribunal ya había dictado medida privativa de libertad, impidiendo de forma categórica la designación de un abogado de confianza.
Múltiples abusos contra la universitaria detenida en Venezuela
Durante los primeros días de presidio, la estudiante sufrió constantes agresiones físicas y castigos inhumanos por parte de los custodios. Los funcionarios aplicaron un cruel artefacto metálico denominado “pulpo” que inmoviliza muñecas y tobillos al mismo tiempo.
Este método aberrante causa un sufrimiento corporal extremo y encorva la postura de la víctima durante jornadas completas.
Organismos internacionales defensores de los derechos humanos documentan exhaustivamente esta práctica abusiva. Cuando los familiares lograron verla, la joven presentaba severos hematomas en sus extremidades y graves inflamaciones en el rostro.
Los carceleros propinaron bofetadas repetidas, asestaron golpizas con indumentaria oficial y negaron sistemáticamente el acceso a las instalaciones sanitarias.
Durante los interrogatorios, una bofetada violenta provocó el desmayo inmediato de la joven y la pérdida incontrolada de sus esfínteres. A consecuencia de esto, los custodios intensificaron las agresiones físicas. Asimismo, suministraron fármacos desconocidos que alteraban su estado de conciencia para obligarla a grabar declaraciones en video. Paralelamente, los agentes utilizaron el teléfono personal de la joven para extorsionar a su núcleo familiar.
Un proceso penal paralizado y plagado de irregularidades
Durante la audiencia preliminar efectuada en diciembre de 2024, el defensor público asignado desestimó por completo los elementos probatorios recopilados por los allegados.
El funcionario público presionó a la estudiante para que admitiera una condena de veinte años de prisión a cambio de admitir hechos falsos. La joven rechazó de plano la oferta y reafirmó su absoluta inocencia ante el juzgado.
Desde aquel encuentro procesal, las autoridades judiciales no han fijado fecha para la apertura del juicio ni han tramitado las apelaciones correspondientes.
Recientemente, el tribunal permitió la juramentación de una defensa de carácter privado para la causa. Aunque instancias superiores evaluaron incorporar su expediente dentro de listas humanitarias y propuestas de amnistía, las instituciones del Estado negaron cualquier beneficio procesal.
Los familiares recorren semanalmente cientos de kilómetros para concretar una breve visita mensual de cuarenta minutos. Los gastos en pasajes, insumos alimenticios y tarifas exigidas dentro del penal representan una carga económica devastadora. La familia exige la liberación inmediata de la joven y el cese de la persecución penal.
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