El Observatorio Venezolano de Prisiones alerta sobre el fallecimiento de otro privado de libertad en la cárcel El Marite. La falta de atención médica adecuada y el hacinamiento crítico agravan la crisis de salud en los penales.
Las muertes por patologías graves dentro de las cárceles venezolanas representan una realidad cotidiana que el Estado ignora de forma sistemática.
La falta de respuesta oficial perpetúa un patrón fatal caracterizado por la escasez de insumos básicos y la ausencia prolongada de tratamientos especializados.
Recientemente, el Observatorio Venezolano de Prisiones reportó el lamentable fallecimiento de Yoandry Medina González en el estado Zulia. El detenido permanecía recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, antiguo penal de El Marite.
Un cuadro severo derivado de tuberculosis y VIH motivó su traslado de emergencia al Hospital Universitario de Maracaibo. Sin embargo, los médicos no lograron revertir el deterioro avanzado de su organismo.
Esta tragedia expone la vulnerabilidad constante que enfrentan los reclusos frente a enfermedades perfectamente prevenibles o tratables.
La red penitenciaria carece de programas efectivos para controlar contagios urbanos e institucionales dentro de los pabellones. Además, la falta de diagnósticos oportunos consolida una condena implícita para quienes sufren padecimientos crónicos.
El grave hacinamiento sofoca la atención médica en El Marite
El recinto penitenciario diseñado para albergar a setecientas personas registra actualmente una población superior a los mil reclusos. Esta cifra representa un nivel de ocupación preocupante que supera el ciento cuarenta y tres por ciento de su capacidad estructural.
Bajo este escenario de hacinamiento desbordado, resulta imposible brindar una atención médica digna o un seguimiento clínico riguroso a los pacientes vulnerables.
Las áreas reducidas y la mala ventilación aceleran la propagación masiva de patologías altamente contagiosas como la tuberculosis pulmonar.
Diversas organizaciones independientes han documentado durante años el impacto devastador de la desnutrición y la insalubridad en estos centros de reclusión.
Las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario conocen la gravedad de esta situación recurrente.
A pesar de las constantes advertencias públicas, el Estado evita implementar medidas correctivas inmediatas para resguardar la vida del personal y de la población penal.
La inacción oficial transforma las condenas judiciales en sentencias de muerte inhumanas por negligencia institucional.
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