La ONG Foro Penal confirma 379 presos políticos en Venezuela tras sumar 14 arrestos en la última semana. Organizaciones exigen su liberación inmediata.
La organización no gubernamental Foro Penal actualizó el balance sobre los presos políticos en Venezuela y confirmó 379 personas bajo custodia estatal. El reporte más reciente refleja la incorporación de 14 nuevos detenidos en la última semana.
En ese mismo período, las autoridades excarcelaron únicamente a tres personas. De la cifra global, la justicia controlada por el régimen mantiene a 222 ciudadanos sin sentencia definitiva, mientras condena formalmente a 157 víctimas.
La ONG contabiliza 353 hombres y 26 mujeres entre los afectados. Asimismo, la lista incluye 219 civiles y 160 militares.
Todos los casos documentados corresponden a adultos, entre los cuales 40 poseen nacionalidad extranjera. Además, los activistas alertan sobre la desaparición de un privado de libertad cuyo paradero actual resulta totalmente desconocido.
Desde el año 2014, el equipo legal ha registrado más de 19.000 detenciones con motivaciones ideológicas dentro del territorio nacional.
Exigen verificar situación de los presos políticos en Venezuela
Familiares de las víctimas y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela.
Los activistas demandan una medida humanitaria urgente frente a la crisis generalizada del país. Asimismo, exigen el ingreso de organismos internacionales a los centros de reclusión para constatar las condiciones de los recluidos.
La preocupación aumentó significativamente luego de los sismos registrados el pasado 24 de junio. Decenas de prisioneros permanecen encerrados en recintos que sufrieron graves daños estructurales por los movimientos telúricos.
Por esta razón, defensores cívicos buscan verificar la salud de las personas bajo custodia gubernamental.
Múltiples voceros sostienen que el Estado debe garantizar la integridad física de todos los ciudadanos privados de libertad. La respuesta a la emergencia actual exige priorizar el respeto pleno a los derechos fundamentales dentro de las cárceles venezolanas.
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