La ONG Foro Penal confirmó la liberación de Henry Sánchez. El extrabajador de Pdvsa pasó nueve años preso en Tocuyito tras denunciar corrupción en la empresa PetroZamora.
Foro Penal confirmó este jueves la liberación de Henry Sánchez, quien pasó nueve años tras las rejas de forma injusta.
El ciudadano ejerció funciones como director de Petróleos de Venezuela en la Costa Oriental del Lago, dentro del estado Zulia. Las autoridades de seguridad del Estado lo privaron de su libertad desde el pasado 4 de julio de 2017.
La organización defensora de derechos humanos publicó el reporte en su página web oficial.
El exdirectivo cumplía la medida de reclusión en las instalaciones del Centro Penitenciario de Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestaron al ciudadano en la localidad de Lagunillas por motivos estrictamente políticos.
El procedimiento arbitrario ocurrió después de que el trabajador denunciara un enorme esquema de corrupción y malversación de fondos públicos. El desfalco afectaba directamente a la empresa mixta PetroZamora, la cual operaba en la región con apoyo de capitales financieros rusos.
El calvario judicial previo a la liberación de Henry Sánchez
Diversos activistas locales denunciaron de forma constante que la víctima sufrió torturas físicas severas durante su largo período de reclusión en los calabozos.
Los custodios aplicaron métodos crueles contra el detenido como asfixias mecánicas, colgamientos prolongados y el desprendimiento violento de las uñas de sus pies.
Sus familiares explicaron que los tribunales vulneraron el debido proceso de forma sistemática durante casi una década de encierro. El tribunal encargado de la causa penal solo celebró una audiencia de juicio a lo largo de todo el tiempo de encarcelamiento.
Esta grave irregularidad jurídica retrasó su derecho a una defensa oportuna y demostró la falta de independencia del sistema judicial venezolano.
La comunidad internacional y las organizaciones civiles mantuvieron una presión constante sobre las instituciones locales para exigir una revisión profunda del expediente.
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