La ONG Foro Penal exige a las autoridades de Venezuela informar el destino de los presos políticos trasladados desde la cárcel de El Helicoide.
La ONG Foro Penal exigió este jueves a los cuerpos de seguridad de Venezuela informar el destino real de los presos políticos trasladados desde El Helicoide. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, recordó a los funcionarios policiales su obligación legal de notificar con claridad el paradero de los privados de libertad.
El activista advirtió en sus redes sociales que ocultar esta información constituye una desaparición forzada de personas según los tratados internacionales. Esta enérgica denuncia surge tras reportarse masivos movimientos de detenidos desde la temida sede policial caraqueña hacia cárceles del interior del país.
Asimismo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó que las autoridades ejecutaron los traslados de forma clandestina y sin avisar a los familiares.
Los parientes de los detenidos manifestaron su profunda angustia ante la falta de datos oficiales sobre el estado físico de los ciudadanos recluidos. La opacidad gubernamental incrementa las alarmas sobre el respeto a los derechos humanos en el territorio nacional actualmente.
Diferentes organizaciones civiles de Venezuela señalaron que las autoridades derivaron a los reclusos hacia los penales de Rodeo, Yare, Tocuyito y el internado judicial femenino INOF.
El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que el dirigente regional Jackson Vera sufrió un traslado hacia el centro de detención La Planta.
Destino incierto de los presos políticos trasladados desde El Helicoide
La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la estructura de El Helicoide mantiene sus operaciones delictivas contra la disidencia civil.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la clausura definitiva de esta edificación durante el pasado mes de enero. El plan oficialista contemplaba transformar los calabozos en un moderno complejo social y deportivo para el beneficio de las comunidades locales.
El Parlamento controlado por el chavismo aprobó una ley de amnistía en febrero, pero la estructura mantiene al menos veinticinco detenidos. Actualmente, este recinto arquitectónico inconcluso de los años cincuenta funciona como el centro de operaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Defensores de derechos humanos y partidos opositores catalogan este espacio como un epicentro de torturas sistemáticas en la capital venezolana. Los activistas humanitarios exigen el cese inmediato de los tratos crueles y la publicación urgente del listado de los reclusos reubicados.
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