La Academia de Ciencias Políticas de Venezuela califica de “grave” la desaparición y muerte de Víctor Hugo Quero bajo custodia del Estado.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela calificó como un hecho de extrema gravedad la desaparición forzada y muerte del ciudadano Víctor Hugo Quero.
Esta prestigiosa institución emitió un comunicado oficial donde condena las circunstancias que rodearon el deceso del preso político mientras permanecía bajo custodia estatal.
Los académicos advierten que el Estado vulneró los derechos fundamentales de Quero durante su detención y posterior reclusión en centros oficiales de seguridad.
El texto subraya que este tipo de incidentes comprometen la responsabilidad internacional del régimen ante los organismos de justicia y derechos humanos globales.
Por tal motivo, la academia exige la ejecución de investigaciones independientes, transparentes y ajustadas estrictamente a los protocolos internacionales de protección ciudadana.
La confirmación del fallecimiento ocurre tras un periodo de incertidumbre que superó el año desde su captura el pasado enero de 2025.
Los juristas consideran que la opacidad del proceso judicial representa un quiebre alarmante del estado de derecho y la seguridad jurídica en el país.
El reclamo por la muerte de Víctor Hugo Quero y la verdad
La muerte de Víctor Hugo Quero detonó una fuerte conmoción nacional debido a las contradicciones emitidas por las autoridades sobre su paradero físico. Carmen Navas, madre de la víctima, visitó múltiples cárceles y entes públicos durante meses sin recibir ninguna información veraz sobre su hijo.
El régimen finalmente admitió el fallecimiento del joven luego de ocultar su ubicación y realizar un entierro sin notificar previamente a sus familiares.
Organizaciones defensoras de derechos humanos demandan hoy el esclarecimiento total de las irregularidades detectadas durante la detención y la desaparición forzada del venezolano.
La institución académica insiste en que el sistema judicial debe determinar responsables directos por las presuntas negligencias ocurridas en los centros de detención.
El reclamo busca evitar que el caso quede en la impunidad y garantizar que otros detenidos no sufran tratos similares bajo el sistema actual. Este pronunciamiento refuerza la presión internacional sobre las condiciones de reclusión de los ciudadanos perseguidos por motivos políticos en el territorio nacional.
La sociedad civil permanece alerta ante los hallazgos que surjan de las futuras inspecciones forenses sobre el cadáver del detenido.
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