El Foro Penal actualiza su balance y cifra en 457 los presos políticos en el país. La ONG denuncia el uso de la Ley de Amnistía como un mecanismo de retraso procesal.
La organización no gubernamental Foro Penal actualizó recientemente sus registros sobre la situación de los Derechos Humanos en el territorio nacional.
El balance publicado este sábado revela que actualmente existen 457 presos políticos bajo custodia del Estado, una cifra que genera profunda preocupación internacional.
Dentro de este grupo, la ONG identifica a 42 ciudadanos extranjeros o personas con doble nacionalidad que permanecen privados de libertad injustamente.
El reporte detalla que la población carcelaria política se divide en 414 hombres y 43 mujeres, incluyendo lamentablemente a un adolescente. Además, la composición de los detenidos muestra una división clara entre el sector civil y el estamento militar del país.
En total, las autoridades mantienen tras las rejas a 270 civiles mientras que 187 efectivos castrenses completan la lista oficial. La institución subraya que, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, el sistema judicial mantiene una Ley de Amnistía extremadamente limitada en su aplicación real.
El Impacto de los Presos Políticos en el Sistema Judicial
El panorama legal para estos presos políticos resulta crítico, pues la mayoría enfrenta procesos judiciales estancados o carentes de las debidas garantías.
Las estadísticas institucionales demuestran que apenas 164 detenidos poseen una condena definitiva tras pasar por los tribunales nacionales. Por el contrario, 293 personas sufren privación de libertad sin recibir siquiera una sentencia que justifique legalmente su permanencia en los centros de reclusión.
Foro Penal remite estos listados actualizados constantemente a organismos como la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Desde el año 2014, los defensores de Derechos Humanos contabilizan un total histórico de 19.092 detenciones por motivos estrictamente ideológicos.
Adicionalmente, más de 11.000 ciudadanos enfrentan medidas restrictivas arbitrarias fuera de las cárceles, limitando sus derechos civiles básicos diariamente.
Finalmente, los portavoces denuncian que la normativa de amnistía actúa hoy como un embudo diseñado para paralizar las liberaciones prometidas anteriormente.
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