Dionisio Santiago Portillo muere por tuberculosis en El Marite. El OVP denuncia que la falta de atención médica convierte las cárceles en cementerios.
Este martes 7 de abril de 2026, la desidia institucional cobró una nueva víctima dentro del sistema penitenciario venezolano. El ciudadano Dionisio de Jesús Santiago Portillo falleció bajo custodia del Estado en las instalaciones de la antigua cárcel de El Marite, ubicada en el estado Zulia.
El diagnóstico médico confirmó que una tuberculosis pulmonar severa extinguió su vida tras años de reclusión en condiciones inhumanas. Esta enfermedad, perfectamente prevenible y tratable en entornos con higiene mínima, representa hoy una condena fatal para quienes sobreviven en los calabozos nacionales.
Santiago Portillo padeció el colapso de sus pulmones sin recibir el tratamiento farmacológico necesario ni el aislamiento requerido para evitar contagios masivos.
Su muerte no constituye un hecho aislado, sino que refleja la ausencia total de protocolos sanitarios en los recintos del país. Pocos días antes, el sistema registró también el deceso de Henry Pastor Cristancho Becerra en el penal de Uribana, estado Lara.
En ambos casos, las autoridades ignoraron el deterioro físico evidente de los privados de libertad hasta que el desenlace resultó irreversible. La opacidad oficial continúa ocultando las cifras reales de fallecimientos por patologías infecciosas dentro de los muros carcelarios.
El recinto donde ocurrió este lamentable suceso fue clausurado teóricamente en el año 2013 por presentar niveles críticos de violencia y hacinamiento extremo. No obstante, el Estado venezolano mantiene el espacio operativo bajo esquemas administrativos irregulares que vulneran cualquier garantía fundamental de los reclusos.
Actualmente, más de mil personas permanecen confinadas en El Marite sin ventilación adecuada ni acceso regular a servicios básicos de salud. Las estructuras carecen de sistemas de drenaje funcionales y de espacios destinados exclusivamente a la atención de pacientes con enfermedades crónicas o infecciosas.
La convivencia forzada entre personas sanas y enfermos de tuberculosis acelera la propagación de una epidemia silenciosa que diezma a la población penal. Los familiares de los detenidos denuncian que las peticiones de asistencia médica son sistemáticamente ignoradas por los custodios y directivos del centro.
Esta negligencia institucional transforma el derecho a la vida en una moneda de cambio o en un simple trámite burocrático sin valor real. La conmemoración del Día Mundial de la Salud resalta hoy la tragedia de un sistema que condena al olvido a sus ciudadanos más vulnerables.
El impacto de la tuberculosis y la crisis de salud en los centros de reclusión
El Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que la tuberculosis se expande rápidamente debido a la desnutrición severa que debilita el sistema inmunológico de los internos.
Los cuerpos de los detenidos no resisten el avance de las bacterias ante la falta de una dieta balanceada y suficiente en calorías. Las infecciones de la piel y los cuadros febriles prolongados forman parte de la cotidianidad amarga en los calabozos policiales del territorio nacional.
Sin el apoyo constante de sus parientes, quienes deben costear medicamentos e insumos básicos, los presos simplemente esperan un desenlace fatal en sus celdas. Los traslados a centros hospitalarios ocurren tarde o dependen de criterios discrecionales de los funcionarios encargados de la vigilancia perimetral.
Esta situación viola flagrantemente las Reglas Mandela, las cuales obligan al Estado a garantizar servicios sanitarios equivalentes a los disponibles para el resto de la comunidad. Las personas que viven con VIH o padecen diabetes carecen de seguimiento médico regular, lo que agrava sustancialmente sus diagnósticos iniciales.
La salud no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia, pero en Venezuela la privación de libertad suele implicar la pérdida inmediata de este derecho humano básico.
La responsabilidad de estas muertes recae directamente sobre el Ministerio para el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial por su inacción ante la emergencia.
La falta de medicinas y la ausencia de controles sanitarios preventivos demuestran una falla estructural que compromete la ética de las instituciones del Estado.
Los tribunales de ejecución rara vez otorgan medidas humanitarias a pesar de los informes médicos que certifican la gravedad de los pacientes recluidos. Esta indiferencia judicial permite que afecciones gastrointestinales simples escalen hasta convertirse en causas de fallecimiento por deshidratación o sepsis generalizada.
El sistema penitenciario venezolano se ha transformado en un ecosistema de castigo que utiliza la enfermedad como una herramienta de tortura indirecta contra la población. El diagnóstico oportuno resulta inexistente y los tratamientos incompletos solo generan una mayor resistencia bacteriana entre los reclusos afectados por patologías respiratorias.
La sociedad civil exige una intervención urgente de los organismos internacionales de protección de derechos humanos para frenar este patrón de negligencia sistemática. Cada fallecimiento en custodia representa un fracaso absoluto de las políticas públicas destinadas a la rehabilitación y el respeto a la dignidad humana.
Para finalizar, debemos recordar que la justicia no puede existir allí donde el castigo físico reemplaza al debido proceso y al trato humano. La muerte de Dionisio Santiago Portillo debe servir como un llamado de atención urgente sobre las condiciones reales que imperan en las cárceles regionales.
El Estado debe informar de manera transparente sobre el número de infectados por tuberculosis en El Marite para prevenir una tragedia sanitaria de mayor magnitud.
La desinfección de los espacios y la provisión inmediata de antibióticos constituyen acciones obligatorias que las autoridades no pueden seguir postergando bajo ninguna excusa económica.
El presupuesto nacional debe priorizar la vida de quienes están bajo la responsabilidad directa del Gobierno en instalaciones oficiales de detención.
Las familias de las víctimas merecen respuestas claras y justicia ante la pérdida de sus seres queridos por causas que la medicina moderna ya domina.
La impunidad institucional solo fomenta la repetición de estos ciclos de violencia y abandono que hoy enlutan a más hogares en el estado Zulia.
El derecho a la salud debe prevalecer sobre la opacidad y el silencio administrativo que actualmente impera en el Ministerio del Servicio Penitenciario.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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