Denuncian el traslado arbitrario de 70 presos políticos desde Yare a El Rodeo. Familiares exigen información oficial y el cese de las torturas.
El sistema penitenciario venezolano enfrenta una nueva fase de opacidad y angustia tras el traslado arbitrario de al menos 70 presos políticos. Estos ciudadanos permanecían recluidos en el Centro Penitenciario de Yare, ubicado en el estado Miranda, hasta el pasado domingo 29 de marzo.
La medida se ejecutó de forma inconsulta y sorpresiva, sin notificar previamente a los abogados defensores ni a los familiares directos. Durante meses, decenas de madres y esposas pernoctaron a las puertas del penal bajo condiciones inhumanas con la esperanza de una liberación.
Sin embargo, el régimen sustituyó esa expectativa de libertad por el temor constante ante la falta de información oficial sobre el destino de los detenidos. Testigos reportaron la presencia de camionetas oficiales y autobuses durante la semana pasada, pero ninguna autoridad gubernamental dio la cara a las víctimas.
Las familias intentaron visibilizar sus casos ante posibles visitas de altos funcionarios, pero solo recibieron silencio y humillaciones por parte de los custodios.
Este movimiento de prisioneros profundiza el drama humanitario y vulnera gravemente los derechos fundamentales de quienes sufren una detención por motivos ideológicos.
El proceso de movilización de los detenidos ocurrió bajo órdenes directas del Ministerio Penitenciario y omitió la autoridad de los tribunales correspondientes. Los jueces que conocen las causas penales no emitieron boletas de traslado ni autorizaron el cambio de centro de reclusión de los internos.
Esta irregularidad administrativa constituye una violación flagrante al debido proceso y deja a los privados de libertad en una situación de indefensión absoluta. El lunes 30 de marzo se conoció extraoficialmente que el destino final de este grupo fue el Internado Judicial de El Rodeo.
Este recinto cuenta con un historial documentado de abusos sistemáticos y prácticas que atentan contra la integridad física de los reclusos. La falta de transparencia institucional impide verificar las condiciones de salud en las que llegaron los ciudadanos trasladados tras la jornada de mudanza.
Los familiares denuncian que estas acciones buscan quebrar psicológicamente tanto al detenido como a su núcleo afectivo cercano de manera intencional. La incertidumbre sobre el paradero y el bienestar físico se convierte en una extensión de la tortura aplicada por el Estado venezolano.
Peligro en El Rodeo por los traslados de presos políticos
La mayor preocupación del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) radica en las prácticas de aislamiento extremo que caracterizan al centro penitenciario El Rodeo. En este lugar abundan las denuncias sobre celdas de castigo que carecen de ventilación adecuada y luz solar para los internos.
El régimen de incomunicación total impide que los familiares verifiquen el estado real de los presos políticos tras estos movimientos forzosos e inconsultos. El OVP ha documentado tratos crueles, inhumanos y degradantes que buscan el colapso físico de quienes se encuentran bajo custodia estatal.
Una madre afectada relató que han soportado hambre, sol y lluvia esperando una justicia que el sistema les niega sistemáticamente. Ahora temen por la vida de sus seres queridos al saber que los enviaron a un sitio conocido por la tortura. Los estándares internacionales de tratamiento a los reclusos, conocidos como Reglas Mandela, resultan totalmente ignorados por los actuales administradores del penal mirandino.
La comunidad internacional recibe reportes constantes sobre estas violaciones que se agravan con cada decisión arbitraria tomada desde la cúpula del poder central.
Ante la gravedad de los hechos, el OVP exige la publicación inmediata de una lista oficial con los nombres de todos los trasladados. El organismo demanda el cese del aislamiento y el respeto estricto a la integridad física de cada ciudadano privado de libertad.
La organización está informando detalladamente estos atropellos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
También elevaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar constancia de esta nueva arremetida contra la disidencia política. La libertad plena y sin condiciones sigue siendo la única vía para reparar la injusticia cometida contra estos hombres y mujeres detenidos. Los traslados arbitrarios solo sirven para castigar doblemente a las familias que ya sufren la separación forzada por razones de conciencia.
Los activistas insisten en que el silencio oficial no podrá ocultar la realidad de lo que ocurre dentro de las cárceles del país. La lucha por la dignidad humana continúa mientras los parientes se mantienen firmes exigiendo respuestas claras ante la opacidad gubernamental.
Cada minuto de aislamiento representa una nueva vulneración que la justicia internacional deberá procesar y sancionar en su debido momento.
Nota de Prensa
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