El SNTP denuncia que 20 periodistas continúan bajo medidas cautelares y sin libertad plena, pese a cumplirse los lapsos de la Ley de Amnistía vigente.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este jueves que al menos 20 periodistas permanecen sin libertad plena en el país. El gremio comunicó que estos profesionales de la comunicación social continúan sometidos a procesos judiciales arbitrarios bajo severas medidas cautelares.
Para el mes de enero de 2026, la cifra de comunicadores judicializados alcanzaba los 40 casos activos en distintas instancias. Actualmente, la mitad de estos expedientes sigue sin resolución definitiva, aunque el 70 % de los afectados presentó solicitudes de sobreseimiento.
Estas peticiones se introdujeron formalmente ante los tribunales competentes bajo el amparo de la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
El sindicato destacó que los lapsos legales para otorgar la libertad plena ya se encuentran totalmente vencidos en la mayoría de las causas. Los representantes gremiales vinculan este retraso con un patrón de dilación y obstrucción sistemática del acceso a la justicia.
Esta situación mantiene a los trabajadores de la prensa en un estado de incertidumbre jurídica que impide el ejercicio profesional. Los tribunales ignoran los pronunciamientos necesarios mientras los expedientes permanecen estancados sin una justificación legal válida para los defensores.
Diversos tribunales del país reportan irregularidades graves como el extravío de documentos y la falta de distribución de las solicitudes enviadas. El SNTP explicó que la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos no procesa las peticiones de los abogados defensores de manera oportuna.
En muchos casos, los defensores públicos informan que remitieron las solicitudes, pero los juzgados niegan haber recibido cualquier tipo de documentación física. Estas prácticas vulneran directamente el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso para los periodistas que esperan una respuesta.
El gremio puntualizó que estas tácticas inducen al error a las víctimas respecto al estatus real de sus procesos de amnistía. Mientras tanto, las medidas cautelares limitan los derechos civiles de los comunicadores y afectan su capacidad de informar con total independencia y seguridad.
El hostigamiento administrativo reemplaza la detención física, pero genera las mismas consecuencias negativas para la libertad de expresión en la nación. El sindicato exige transparencia inmediata y el cumplimiento estricto de los marcos legales que deberían garantizar la paz y el reencuentro nacional.
Obstáculos para la libertad plena de los periodistas en el sistema judicial
La búsqueda de la libertad plena para estos periodistas enfrenta un muro de opacidad institucional que contradice el espíritu de la reconciliación política actual. Aunque el parlamento aprobó la Ley de Amnistía en febrero pasado para casos de violencia política, su aplicación real resulta escasa y discriminatoria.
El marco jurídico vigente solo cubre trece episodios específicos ocurridos entre los años 2002 y 2025, dejando fuera a numerosos ciudadanos procesados. Por su parte, la organización Foro Penal cifró este martes un total de 503 presos políticos distribuidos en diversos centros de reclusión nacionales.
Esta lista incluye a 315 civiles y 188 militares que permanecen bajo custodia del Estado por motivos de conciencia o disidencia. El gobierno nacional niega sistemáticamente la existencia de prisioneros por razones ideológicas y asegura que todos los detenidos cometieron delitos comunes graves.
Esta contradicción discursiva agrava la situación de los trabajadores de la prensa que solo cumplían con su deber de informar a la ciudadanía. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la burocracia judicial detiene los beneficios procesales que deberían aliviar la tensión social.
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