
Iván Simonovis denuncia que El Helicoide sigue operando como centro de reclusión. Advierte sobre el uso de la quinta La Arenosa para detenciones.
El excomisario Iván Simonovis denunció este lunes una presunta maniobra de engaño oficial sobre el desalojo del complejo El Helicoide.
A través de la red social X, el experto en seguridad afirmó que el recinto mantiene sus funciones como centro de reclusión y formación del Sebin.
Simonovis aseguró que las autoridades engañaron a la comisión presidencial al omitir que “La Academia” continuará operando como sede de entrenamiento de inteligencia. Según su reporte, el área de máxima seguridad, conocida internamente como “La Máxima”, sigue activa para la detención y el maltrato de prisioneros.
El mensaje sugiere que el gobierno de Delcy Rodríguez no busca desmantelar la estructura represiva, sino ejecutar una reconfiguración interna estratégica.
Simonovis también alertó sobre el traslado de grupos de comandos hacia la zona de Merecure, en el estado Miranda, un punto vial clave. Esta redistribución de fuerzas permitiría al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional mantener su capacidad operativa bajo una apariencia de normalidad institucional.
El exjefe policial sostiene que las dependencias críticas del edificio permanecen bajo control absoluto de los organismos de seguridad del Estado venezolano.
La denuncia de Simonovis incluye la ocupación formal de propiedades residenciales para fines de inteligencia y custodia clandestina de activistas políticos.
El excomisario señaló específicamente a la quinta “La Arenosa”, ubicada en la urbanización Santa Mónica, como una nueva sede operativa de investigaciones. Este inmueble figura en registros periodísticos como una de las denominadas “casas de tortura” utilizadas para el aislamiento de opositores secuestrados.
Investigaciones previas vinculan esta propiedad con exdirectivos de la antigua Disip, presentando características físicas similares a las de un cuartel militar. Simonovis advierte que el Sebin busca institucionalizar el uso de estas viviendas privadas como parte de su estructura formal de represión.
La narrativa de “reconversión” del edificio principal contrasta drásticamente con los testimonios de exdetenidos y organizaciones internacionales de derechos humanos. Estas entidades describen al complejo como uno de los epicentros de tratos crueles más temidos dentro de la capital del país.
La supuesta mudanza de reclusos parece ser una estrategia comunicacional para bajar la presión externa sobre el organismo de inteligencia. Los ciudadanos y activistas temen que esta dispersión de sedes dificulte el monitoreo de la situación de los presos políticos.
El Helicoide y la permanencia de su centro de reclusión clandestino
La continuidad de El Helicoide como centro de reclusión evidencia la resistencia del aparato estatal a abandonar sus prácticas de control social. Simonovis enfatiza que la zona de acceso restringido conocida como “La Máxima” representa el núcleo duro del horror dentro del complejo.
Al mantener estas celdas activas, el Sebin garantiza un espacio de castigo alejado del escrutinio público y de las comisiones de verificación. El traslado de comandos hacia Merecure refuerza la vigilancia en rutas estratégicas hacia el oriente de la nación, aumentando el control territorial.
Por otro lado, la utilización de la quinta “La Arenosa” confirma la expansión de las operaciones de inteligencia hacia zonas residenciales comunes. Esta táctica de “casas seguras” permite a los agentes ejecutar detenciones sin dejar rastros oficiales inmediatos en los registros carcelarios tradicionales.
La denuncia busca alertar a la comunidad internacional sobre la mutación de la estructura represiva hacia formas más discretas pero igualmente letales. Es imperativo que las organizaciones de derechos humanos exijan acceso irrestricto a todas las dependencias mencionadas por el excomisario en su mensaje.
Finalmente, las declaraciones de Simonovis ponen en duda la voluntad real de reforma dentro de los servicios de inteligencia bolivarianos actuales. El cierre definitivo de las prisiones políticas parece una meta lejana ante la institucionalización de viviendas privadas para fines de interrogatorio.
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