
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acudió este viernes a las inmediaciones del centro de reclusión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta.
Durante su visita, el alto funcionario conversó directamente con los familiares de los ciudadanos que permanecen detenidos en dichas instalaciones policiales.
Rodríguez estuvo acompañado por el diputado Jorge Arreaza mientras escuchaba las peticiones de los allegados presentes en el lugar.
El jefe del parlamento aseguró que las autoridades concretarán diversas liberaciones durante el transcurso de la próxima semana.
Según sus declaraciones, el proceso de salida iniciará formalmente el martes 10 de febrero de manera organizada. El representante legislativo estableció el viernes 13 de febrero como la fecha límite para completar estos procedimientos de libertad.
Un video capturó el momento exacto donde el diputado prometió que todos estarán sueltos en el plazo mencionado.
Esta noticia generó una expectativa inmediata entre los padres y esposas que esperan afuera del comando. El dirigente no especificó si la medida abarca a todos los presos políticos del territorio venezolano.
Diálogo con familiares de detenidos sobre excarcelaciones
La presencia de las autoridades en Boleíta marca un punto relevante en la agenda política de esta semana.
El presidente de la Asamblea Nacional mantuvo un tono cercano con las personas que aguardan noticias de sus seres queridos. Los familiares expresaron sus dudas sobre las condiciones y los tiempos exactos de los traslados o libertades.
Jorge Rodríguez reiteró su compromiso de cumplir con el cronograma establecido frente a los testigos presentes. Aunque el anuncio carece de detalles técnicos sobre el alcance nacional, la esperanza creció entre los grupos de derechos humanos.
El diputado Arreaza también participó en el intercambio de información para calmar las tensiones habituales en las cercanías de Zona 7 de Boleíta. Muchos ciudadanos esperan que este anuncio signifique un paso definitivo hacia la pacificación institucional del país.
La movilización de funcionarios hacia los centros de detención sugiere una coordinación directa con el sistema judicial vigente. Se espera que en las próximas horas las instituciones publiquen los listados oficiales de los beneficiados por esta medida.
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