La decisión de la administración Trump de eliminar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha encendido las alarmas en Venezuela y América Latina. En una entrevista exclusiva para Punto de Corte este 7 de julio de 2025, Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, conversó con Vanessa Davies y José Gregorio Yépez sobre las devastadoras consecuencias de esta medida. La supresión de USAID, que financiaba el 40% de la cooperación internacional global, deja un vacío imposible de llenar en programas humanitarios, de salud y defensa de derechos humanos. ¿Qué significa esto para un país como Venezuela, sumido en una crisis multidimensional? Hablamos de un impacto directo en migrantes, acceso a alimentos y medicinas, y la promoción de la democracia. La incertidumbre crece, y el mundo se pregunta: ¿quién asumirá la responsabilidad?
Un golpe a la ayuda humanitaria
La eliminación de USAID no es un simple recorte presupuestal; es una mutilación a la cooperación internacional. Jiménez explicó que, hasta el 20 de enero de 2025, cuando Trump firmó la orden ejecutiva congelando fondos, USAID gestionaba más de 6,200 programas globales. Hoy, apenas quedan 700. Esto significa el cierre de iniciativas vitales: desde programas de prevención de VIH y malaria hasta proyectos de seguridad alimentaria. En Venezuela, la ayuda humanitaria, ya limitada por la criminalización gubernamental, enfrenta un colapso. Organizaciones que apoyaban a migrantes y víctimas de violaciones de derechos humanos pierden recursos clave. “Es un efecto dominó”, señaló Jiménez. Sin fondos, las ONG no pueden operar, y las víctimas quedan desamparadas. La magnitud del problema es abrumadora: según The Lancet, USAID evitó 91 millones de muertes en 20 años. Sin su apoyo, se proyectan 14 millones de muertes prevenibles para 2030.
Venezuela: migrantes y democracia en riesgo
En Venezuela, la eliminación de USAID golpea especialmente a los migrantes y refugiados. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país, y muchos dependían de programas financiados por USAID para regularizarse en países como Colombia o Perú. Oficinas como Intégrate en Colombia, que ayudaban a migrantes a encontrar trabajo, han cerrado. Albergues para mujeres víctimas de violencia también han desaparecido. “¿Quién atenderá a las niñas migrantes?”, preguntó Jiménez con preocupación. Además, los programas de promoción de la democracia y derechos humanos, esenciales en un país con un espacio cívico asfixiado, enfrentan un futuro incierto. La criminalización de la cooperación internacional en Venezuela complica aún más el panorama, dejando a organizaciones de la sociedad civil, muchas operando desde el exilio, sin financiamiento para apoyar a las víctimas.
Un vacío que nadie puede llenar
La pregunta que resuena es: ¿quién reemplazará a USAID? Jiménez fue clara: ningún país tiene el músculo financiero de Estados Unidos, cuya economía lidera el mundo. Europa, aunque podría asumir un rol, enfrenta sus propios retos. Con la amenaza de Rusia y un giro geopolítico que acerca a Trump a Putin, países europeos priorizan gastos en defensa, no en cooperación. España es una excepción, aumentando sus aportes, pero no basta para cubrir el 40% del financiamiento global perdido. Las Naciones Unidas, también afectadas por recortes estadounidenses, están en crisis financiera y compiten con ONG por fondos. Las fundaciones filantrópicas, como Gates, intentan llenar huecos en salud, pero su capacidad es limitada frente a un vacío de miles de millones de dólares.
El sector privado: ¿una esperanza para la cooperación?
Ante este panorama, Jiménez apuesta por un nuevo rol del sector privado. Empresas con responsabilidad social podrían canalizar fondos hacia la ayuda humanitaria y la defensa de derechos humanos. Sin embargo, esto requiere un cambio de mentalidad: no se trata solo de asistencia social, sino de compromisos serios con la democracia y la justicia. “Empresarios en México, Europa o incluso Australia podrían asumir un rol clave”, afirmó. Pero hay riesgos. Depender de potencias no democráticas, como China, podría politizar aún más la cooperación, sin la rendición de cuentas que ofrecía USAID. “En Estados Unidos, podíamos exigir explicaciones; en China, ¿a quién le pedimos cuentas?”, reflexionó Jiménez. La cooperación debe venir de actores democráticos para garantizar transparencia.
Un futuro incierto para Venezuela y el mundo
La eliminación de USAID marca el inicio de una era de incertidumbre. En Venezuela, la crisis humanitaria se agudizará, con menos acceso a alimentos, medicinas y apoyo para migrantes. A nivel global, la falta de preparación para emergencias, como una futura pandemia, es alarmante. Jiménez advirtió: “¿Qué haremos cuando llegue la próxima crisis sanitaria?”. La cooperación internacional necesita certezas, no improvisación. Mientras el mundo busca respuestas, Venezuela enfrenta un desafío adicional: un espacio cívico cada vez más restringido y una deriva autoritaria que complica cualquier solución. La invitación es clara: gobiernos, empresas y sociedades civiles deben repensar la cooperación. Como dijo Jiménez, “es hora de asumir responsabilidades”.
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