Noticiero de DDHH Desencadenados

Nicmer Evans, al frente del Noticiero de Derechos Humanos Desencadenados en Punto de Corte, afirmó que los derechos económicos, sociales y de libertad en Venezuela enfrentan un ataque sistemático. Desde hace décadas, el país vive una crisis que aplasta la libertad de expresión, reunión y la dignidad de sus ciudadanos. “No es solo un problema de hoy, es una herida que sangra desde hace tiempo”, afirmó Evans en su programa, coproducido por Doble Vía. Y es que, la verdad, cuando el control de precios asfixia a los comerciantes y el aislamiento carcome a los detenidos, el panorama se siente como un callejón sin salida. La persecución no perdona: periodistas, activistas y ciudadanos comunes pagan el precio de alzar la voz.

Evans destacó el caso de Ángel Godoy, trabajador de Punto de Corte, preso político desde hace 146 días, ignorado en listas oficiales. “Nos extraña, nos duele”, dijo, exigiendo su libertad. Además, señaló a la Superintendencia Nacional (Sundee) como un aparato represivo que, lejos de proteger, acosa a los comerciantes. La lucha por los derechos humanos, insiste, es una batalla de todos.

Derechos humanos en jaque: la prensa bajo fuego

El programa Desencadenados no se calla: 17 trabajadores de la prensa, incluyendo a Ángel Godoy, están presos por su labor. Evans cuestionó al Colegio Nacional de Periodistas por omitir a Godoy, un ingeniero y defensor de derechos humanos que, aunque no periodista, lleva años en la trinchera de la comunicación. “Es un preso de conciencia, y lo reivindicamos”, afirmó. Otros nombres, como Ramón Centeno y Carlos Julio Rojas, resonaron en el programa. La represión no distingue: ataca a quienes informan, protestan o simplemente piensan distinto. Imagina no poder hablar sin temor a una celda. La incomunicación de los detenidos, sin acceso a familiares o abogados, es un puñal que hiere a todos.

Libertad económica: un derecho pisoteado

Evans arremetió contra el control de precios, una medida que promete eficiencia, pero termina como un martillo contra la economía. “Es como golpearse el cráneo contra una pared”, dijo, refiriéndose a la Sundee, que persigue comerciantes mientras ignora abusos de mayor escala, como la importación de carne de lujo a $400 el kilo. La verdad es que los pequeños negocios, como el del portugués de la esquina, sufren el acoso de fiscales mientras intentan sobrevivir al dólar paralelo y la devaluación constante. La gente no quiere precios impuestos, quiere salarios dignos para comprar lo que necesita. “La libertad económica es un derecho humano”, subrayó Evans, y en Venezuela, ese derecho está en cuidados intensivos.

Precios justos: ¿esperanza o terror?

Una lista falsa de precios controlados circuló en redes, generando pánico. Harina a $0,75, sal a $0,35: suena bonito, pero es un espejismo. Punto de Corte cotejó y confirmó: la Sundee no ha regulado precios desde 2020. Este rumor, que huele a estafa, recuerda los controles de 2021 que dejaron anaqueles vacíos. “La gente ya no se emociona con precios fijados, sabe que eso significa escasez”, dijo Evans. Mientras, el diputado Ramón Lobo anunció “precios pactados” sin fecha clara, una promesa que suena a déjà vu. Los venezolanos, hartos, saben que controlar precios sin salario digno es como vendar una fractura con un pañuelo. La economía necesita oxígeno, no más candados.

Pensionados y jubilados: un clamor ignorado

En una entrevista con Vanessa Davis, Arnoldo Benítez, de Amor por Venezuela, expuso para Desencadenados el drama de los pensionados. “Comer y tener medicinas es lo primero”, dijo, pero los $130 de pensión no alcanzan. Una ley de 2016 obliga al gobierno a pagar un bono de alimentación y medicinas, pero sigue en deuda por $1,600 por pensionado. “Trabajé 30 años, cotizando para una vejez digna, no para esto”, lamentó Benítez. La Universidad Central de Venezuela también alzó la voz, exigiendo soluciones urgentes a la crisis salarial. Los jubilados, constructores del país, viven rodilla en tierra, despreciados por un sistema que recauda millones, pero no los dignifica.

Un llamado a no callar

Desencadenados no solo denuncia, sino que da voz a los silenciados. La CIDH y Provea exigen frenar la persecución a activistas como Eduardo Torres, incomunicado tras 25 días detenido. Voluntad Popular clama por Roland Carreño, víctima de 10 meses de tratos crueles. “La gente no quiere más cuentos, quiere vivir con dignidad”, afirmó Evans. La violación de derechos humanos en Venezuela es un nudo que aprieta cada día más. Pero la resistencia sigue: en las protestas, en los micrófonos, en cada venezolano que no se rinde.

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