Este lunes, Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, aceptó una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, tras haber ocultado ganancias de casi 4,5 millones de euros que su hijo, Alejo Morodo, obtuvo en negocios con la petrolera venezolana PDVSA entre 2013 y 2014. Es relevante recordar que Morodo en 2004 fue embajador de España en Venezuela.
Durante la audiencia en la Audiencia Nacional, Alejo Morodo también admitió su culpabilidad, sentenciado a dos años de cárcel por dos delitos fiscales similares.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado inicialmente penas más severas: tres años y medio para Raúl y ocho años y medio para Alejo. Sin embargo, las condenas se reducen gracias a un acuerdo que consideró atenuantes por la confesión de los hechos y la reparación del daño, con ambos pagando cerca de 1,4 millones de euros de lo adeudado a Hacienda.
Los otros involucrados con Raúl Morodo
El caso continúa para Ana Catarina Varandas, esposa de Alejo, quien enfrenta una solicitud de ocho años y medio de prisión por parte de la Fiscalía, aunque la Abogacía del Estado retiró su acusación. Este juicio se enmarca en una red de presuntas irregularidades fiscales que involucró a sociedades creadas por Alejo y otros, entre ellos dos ciudadanos venezolanos, uno de los cuales, Juan Carlos Márquez, fue encontrado muerto en circunstancias que se consideraron suicidio tras su declaración en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía argumenta que los fondos ocultos por Alejo provienen de contratos con PDVSA hasta 2014, facilitados por las conexiones de Raúl Morodo con altos funcionarios venezolanos durante su mandato como embajador. Este escándalo no solo ha puesto bajo la lupa la transparencia en las relaciones diplomáticas y los negocios con empresas estatales, sino que también ha resaltado las complejidades y alcances de la evasión fiscal transnacional.
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