La Asamblea Nacional de Venezuela anunció este martes que abrirá una consulta pública a partir del próximo viernes sobre el proyecto de ley que busca regular la actuación y financiamiento de las ONG.
El presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, informó que la consulta se llevará a cabo durante un mes y que todos los venezolanos. Esta incluirá según él, a las organizaciones no gubernamentales.
El proyecto de ley, aprobado en primera discusión en enero de 2023, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las ONG. Esto aplicará si no se registren en la entidad de control que prevé crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
Las organizaciones no gubernamentales han criticado el proyecto de ley, argumentando que busca criminalizar y restringir su labor.
ONG Acceso a la Justicia advierte la ley que discute la Asamblea Nacional
La Organización no Gubernamental Acceso a la Justicia advierte que el proyecto de #LeyAntisociedad (Proyecto de Ley de Fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines) genera preocupación y responde a las siguientes preguntas: ¿Cuáles organizaciones se ven afectadas? ¿Existen excepciones?
La ONG Acceso a la Justicia afirma que dicha ley afecta negativamente a las organizaciones sin fines de lucro nacionales y extranjeras que trabajen en Venezuela. Esto puede suceder sea cual sea su forma jurídica: Asociaciones civiles, fundaciones y corporaciones de fundaciones y asociaciones.
Estas organizaciones pueden ser ONG de Derechos Humanos, humanitarias, organizaciones caritativas o de asistencia, organizaciones sociales, culturales, educativas y otras.
Las iglesias no se verán afectadas, pero sí serán afectadas sus asociaciones, fundaciones y corporaciones, siempre que estas sean sin fines de lucro.
Tampoco aplica a las empresas privadas pero si a sus organizaciones sin fines de lucro.
Esta Ley de fiscalización reitera el estigma frente al financiamiento internacional que reciben las organizaciones para el desempeño de sus funciones. Este tipo de regulaciones ignora la importancia y la legitimidad de este tipo de cooperación internacional para el funcionamiento y el logro de los objetivos sociales, de derechos humanos o humanitarios de las organizaciones. Someter a las organizaciones a esta intervención continua, sólo lograría entorpecer, e incluso criminalizar a estas asociaciones.
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