El alto comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk, calificó el caso de Carlos Julio Rojas como una detención arbitraria. Amnistía Internacional solicitó, en julio de 2024, su liberación inmediata e incondicional. La CIDH otorgó medidas cautelares a su favor el pasado 20 de enero
El periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas cumple este lunes 300 días encarcelado en el Helicoide, a pesar de los llamados de organismos internacionales que exigen que sea puesto en libertad de inmediato.
ONU se pronuncia
El 3 de julio de 2024 el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió con preocupación “un aumento de las amenazas, el hostigamiento y las agresiones contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces consideradas críticas, incluso mediante arrestos y procesamientos, y 38 casos de detención arbitraria. Esto incluye a Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, quienes se encuentran detenidos desde el 9 de febrero y 15 de abril de 2024 respectivamente, sin acceso a la defensa legal de su elección”.
El 4 de julio de 2024 la organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado por la libertad de todas las personas detenidas injustamente en Venezuela: Más de 36 mil activistas de 19 países firmaron la petición por la liberación inmediata e incondicional, entre otros dirigentes, de Carlos Julio Rojas.
Medidas cautelares a su favor de Carlos Julio Rojas
El pasado 20 de enero de 2025, mediante la Resolución 7/2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Rojas por considerar “que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
Carlos Julio Rojas fue detenido por fuerzas de seguridad el 15 de abril de 2024. Desde que fue privado de libertad no se le ha permitido el respaldo de un abogado de confianza. La Fiscalía lo acusa de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
El abogado Eduardo Torres forma parte de la defensa privada de Rojas, que no ha podido ser juramentada porque el tribunal impuso la defensa pública. “Seguimos exigiendo el acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho a la defensa”, subrayó Torres.
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