El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha impuesto una multa de 10 millones de dólares a la plataforma TikTok. Esta sanción se debe, según el TSJ, a la falta de acción de la empresa para eliminar los llamados “retos virales” que se han asociado con la muerte de tres adolescentes en el país.
La Sala Constitucional del TSJ, presidida por Tania D’Amelio, argumentó que TikTok no ha “tomado las medidas necesarias para controlar el contenido de su plataforma”, lo que ha permitido la difusión de retos peligrosos que han puesto en riesgo la vida de los jóvenes venezolanos.
La sanción deberá ser cancelada dentro de un lapso de 8 días por irrespetar “las normativas internas implementadas por la propia plataforma”
Además de la multa económica, que deberá pagar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) dentro de los ocho días siguientes a la publicación oficial. El TSJ también ha ordenado a TikTok abrir una oficina en Venezuela, esta es una medida que también exigió a X (antes Twitter) luego de bloquear la red social en agosto.
De acuerdo con el portal El Estímulo el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez expresó “lo que corresponde es que está empresa presente un documento con su junta directiva, con el representante de Venezuela, el gerente a cargo de las operaciones de X y ese responsable acepta y convive con las leyes venezolanas”.
El TSJ informó que creará un ‘Fondo víctimas TikTok’ destinado a “resarcir los daños psíquicos, emocionales y físicos” a los usuarios
Esta decisión del TSJ ha generado un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, el gobierno venezolano argumenta que esta medida es necesaria para proteger a los jóvenes y garantizar la seguridad en línea. A su vez, críticos señalan que esta sanción podría limitar la libertad de expresión y violar los derechos de los usuarios de internet.
Es importante destacar que, hasta el momento, no se ha presentado evidencia concluyente que vincule directamente los retos virales difundidos en TikTok con las muertes de los adolescentes. Sin embargo, el gobierno venezolano ha utilizado estos casos para justificar una mayor regulación de las redes sociales y ejercer un mayor control sobre el contenido digital.
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