La Corte Suprema autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump a eliminar el Estatus de Protección Especial (TPS) para 350,000 venezolanos en EE.UU. El fallo, respaldado por su mayoría conservadora, permite avanzar con la revocación de una extensión otorgada por Joe Biden en 2023, mientras el caso continúa en tribunales inferiores.
El TPS, vigente desde 1990, protege de la deportación y otorga permisos de trabajo por 18 meses a inmigrantes de países en crisis. Biden incluyó a venezolanos en 2021 por la inestabilidad bajo Nicolás Maduro, con una prórroga hasta octubre de 2026. En febrero, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, anuló esa extensión, poniendo fin a las protecciones en abril. Un juez de California bloqueó la medida, alegando posible animadversión racial, decisión ratificada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Trump apeló, y la Corte Suprema dio luz verde a su solicitud de emergencia.
Deportación: Un fallo polémico
La jueza Ketanji Brown Jackson se opuso al dictamen, que abre la puerta a deportaciones masivas. El procurador general, D. John Sauer, defendió la flexibilidad ejecutiva en inmigración, argumentando que los tribunales carecen de jurisdicción para revisar la decisión de Noem.
Impacto en la comunidad venezolana
La Alianza Nacional de TPS y venezolanos afectados critican al Gobierno por evadir el control judicial. Advierten que el fallo amenaza la estabilidad de miles, quienes enfrentan un futuro incierto. Organizaciones humanitarias exigen proteger a los beneficiarios del TPS mientras el litigio avanza.
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