El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto tomó una decisión histórica este lunes al anular el proceso penal contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por las muertes en Senkata durante la crisis de 2019.
La corte ordenó su liberación inmediata y determinó que el caso debe tramitarse como un juicio de responsabilidades en el Poder Legislativo, reservado para altos funcionarios.
Esta resolución responde a un recurso de la defensa de Áñez, quien argumentó que los hechos ocurrieron mientras ejercía como presidenta interina.
La medida marca un hito en la justicia boliviana, según la exmandataria.La decisión judicial surge tras un recurso de “excepción de incompetencia” presentado por los abogados de Áñez, quien gobernó entre 2019 y 2020.
Ellos solicitaron que el caso pase de la justicia ordinaria al Legislativo, ya que los eventos de Senkata ocurrieron durante su mandato. La expresidenta, encarcelada desde 2021, siempre defendió que actuó dentro de sus funciones constitucionales.
“Este fallo restaura la legalidad en Bolivia”, afirmó Áñez tras conocer la resolución.
Juicio de responsabilidades: Un nuevo rumbo para Áñez
El tribunal, presidido por David Kasa, declaró fundado el recurso y emitió un mandamiento de libertad para Áñez.
La corte ordenó que el caso regrese a “fojas cero” y recomendó a la Fiscalía General presentar una proposición acusatoria ante el Legislativo.
En Bolivia, un juicio de responsabilidades aplica a presidentes, vicepresidentes y altos magistrados. Este proceso requiere la aprobación de dos tercios del Legislativo para proceder al Tribunal Supremo de Justicia, donde se dictará sentencia.
Durante este trámite, la acusada debe defenderse en libertad, según la legislación boliviana.
Contexto de la crisis de 2019 y acusaciones
El caso Senkata se refiere a las muertes de diez civiles en noviembre de 2019, tras la asunción de Áñez como presidenta interina. Esto ocurrió después de la renuncia de Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado en medio de protestas por un supuesto fraude electoral.
Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió el poder por sucesión constitucional. Sin embargo, la Fiscalía y el Gobierno la acusaron de vulnerar normas parlamentarias, mientras su defensa alegó que llenó un vacío de poder tras las dimisiones.
Otros procesos judiciales contra Áñez
Pese a esta resolución, Áñez enfrenta una condena de diez años por el caso “golpe de Estado II”, relacionado con su asunción presidencial en 2019.
La expresidenta también tiene al menos siete procesos pendientes en la justicia ordinaria.
En 2023, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su condena, lo que llevó a su defensa a considerar instancias internacionales.
Áñez insiste en que acepta un juicio imparcial, pero bajo el marco que le corresponde como exmandataria.
Implicaciones políticas y sociales del fallo
La liberación de Áñez y la anulación de su proceso penal generan un impacto significativo en Bolivia. El fallo podría reavivar debates sobre la crisis de 2019, un episodio que polarizó al país.
Mientras algunos sectores ven en Áñez a una figura que evitó un vacío de poder, otros la acusan de liderar un gobierno ilegítimo. La decisión también pone en el foco al juicio de responsabilidades, un mecanismo que podría extenderse por meses o años en el Legislativo.
Reacciones y próximos pasos
Tras el fallo, Áñez celebró la decisión como un triunfo de la legalidad. Sin embargo, su situación sigue compleja debido a la condena por “golpe de Estado II” y otros procesos.
La Fiscalía General deberá ahora preparar la acusación para el Legislativo, un paso que podría enfrentar obstáculos políticos. Mientras tanto, casos similares, como el de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por “golpe de Estado I”, avanzan en la justicia, evidenciando las tensiones políticas en Bolivia.
Este fallo no solo redefine el futuro judicial de Áñez, sino que también plantea preguntas sobre la aplicación de la justicia en casos de alto perfil político.
Con información de EFE
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