El 29 de julio de 2025, la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha y el Comité Nacional de Conflicto, junto a organizaciones gremiales, sindicales y sociales, marcharon hacia la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República en Caracas. Su objetivo: exigir que ambas instituciones cumplan su rol de proteger los derechos humanos frente a la represión desatada tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024. Los manifestantes denunciaron la persecución sistemática contra dirigentes sindicales, trabajadores y ciudadanos que reclaman salarios justos, pensiones dignas, seguridad social y respeto a la Constitución. Los trabajadores entregaron documentos que detallan detenciones arbitrarias y violaciones de la libertad de expresión. La protesta, pacífica pero firme, busca que el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y el Fiscal General, Tarek William Saab, respondan ante la criminalización de las manifestaciones.
Represión y Criminalización de la Protesta
La marcha reflejó el creciente descontento por la represión postelectoral. Organizaciones como Provea reportan un patrón de detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes. Los trabajadores exigieron al Defensor del Pueblo que investigue las violaciones de derechos humanos, incluyendo amenazas a líderes sindicales, protegidos por medidas cautelares de la CIDH. En la Fiscalía, denunciaron la imputación de delitos graves, como terrorismo, a quienes protestan pacíficamente. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas se extendieron a otros estados. Los manifestantes instaron a Saab a cesar la persecución y garantizar el derecho a la protesta, amparado por el artículo 68 de la Constitución. La comunidad internacional, incluida la ONU, condenó la represión, exigiendo transparencia electoral y respeto a los derechos fundamentales.
Demanda de Acción Urgente
Los trabajadores entregaron documentos en ambas instituciones, exigiendo pronunciamientos inmediatos. La Coordinadora Metropolitana y el Comité Nacional de Conflicto acusaron al régimen de Maduro de desmantelar la libertad sindical para infundir miedo. Trabajadores destacan la urgencia de que la Defensoría y la Fiscalía actúen con imparcialidad. La presión internacional crece, con llamados de la Unión Europea y Estados Unidos a respetar los resultados electorales. Los manifestantes advirtieron que continuarán en las calles hasta que cese la represión y se garanticen los derechos laborales y constitucionales, marcando un desafío directo al régimen en un contexto de crisis política y social.
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