Un vacío de poder en la insitucionalidad formal de Venezuela reconocido por Estados Unidos, deja a los tenedores de bonos sin interlocutor válido para renegociar la deuda venezolana en default de 60.000 millones de dólares.
Según informan algunos agentes y operadores de los tenedores de bono, los inversionistas que poseen bonos del Gobierno de Venezuela y de PDVSA están “abiertos” a negociar un acuerdo para “reducir los obstáculos para iniciar una reestructuración de las condiciones sobre el pago de los bonos”.
Según la fuente citada por Banca y Negocios, “Un elemento clave es la disposición a ampliar el plazo de prescripción, en función de evitar acudir a la justicia estadounidense para iniciar reclamaciones legales.”
Un llamado al vacio de los tenedores de bono
Sin embargo, esto al final es un llamada desesperado que no tendrá ninguna respuesta formal porque Venezuela no tiene motivos para responder a quienes operan bajo una legislación que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente.
Durante los últimos años de Chávez un grupo de analistas económicos y políticos de izquierda planteaban un defalut planificado, para poner orden a la exorbitante e irresponsable deuda que se generaba en el gobierno de Hugo Chávez sin medir el impacto a futuro.
Origen del default en el pago de la deuda venezolana
Irónicamente, no fue un planteamiento político de izquierda el que impuso un default ante la deuda de los bonos, sino el mismo gobierno de los Estados Unidos, al sansionar al gobierno de Maduro, lo que bloqueo la posiblidad de realizar cualquier operación bancaria o financiera con él. Indirectamente Estados Unidos obligó a un default que de cualquier manera hubiese llegado, con la diferencia de que hoy ningún tenedor puede demandar a un gobierno que su legislación no reconoce.
En 2019 se abrió un puerta para poder reestablecer alguna negociación con la imposibilidad igual de pagar. El gobierno de Estado Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, y esto abre la posiblidad de reestablecer negociaciones sobre la deuda de manera formal, aunque inviable de manera política y económica.
Pasaron tres años y esto no pudo lograrse, pero aún peor, la verdad es que los acreedores no tienen un gobierno con el cual negociar después de que la mayoría de la Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por la oposición, destituyeron a Juan Guaidó en diciembre de 2022 de la llamada presidencia interina. Washington tampoco reconoce al presidente Nicolás Maduro, con el que cortó relaciones en 2019 y no ha vuelto a reconocer a pesar de los intereses que median.
Cualquier intento de reestructuración se enfrentaría a un camino difícil: Los bonos están muy devaluados, cotizan por debajo de los 11 centavos de dólar. Además, las sanciones que podrían enfrentar los operadores estadounidenses les impiden comprar estos títulos.
Banca y Negocios
¿Cuales son las salidas realistas ante la imposibilidad de pago de la deuda?
La situación de los acreedores de la deuda venezolana se suma a las consecuencias de la destitución de Guaidó, que fue respaldado por Washington y otros gobiernos occidentales en 2019 y se le dio el control de los activos venezolanos en países extranjeros.
Ahora queda una Asamblea Nacional en el exilio, con responsabilidad de resguardo de bienes, pero sin capacidad de representar al país legalmente ante Estados Unidos. Igual, al final el llamado gobierno interino tampoco le convenía asumir la renegociación de esa deuda.
Parece que lo que le queda a los tenedores de bonos es ser parte de quienes exigen la finalización de las sansiones para poder cobrar la deuda de poco más de 60 mil millones de dólares, lo que parece suficiente motivo, no para simular la bondad de abrir esquemas de renegociación unilateralmente, sino para convertirse en actores activos de presión para lograr o que el gobierno de los Estadoa Unidos suspenda las sansiones, o para que apoyen activamente el regreso a la democracia en Venezuela.
@nicmerevans
nicmerevans@gmail.com
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