En un acuerdo que pone fin a una larga investigación, Telefónica Venezolana ha aceptado pagar una multa de 85,26 millones de dólares por participar en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro. Este caso, que se remonta a 2014, ilustra cómo la empresa intentó obtener dólares estadounidenses a tasas preferenciales mediante prácticas corruptas.
La filial de la multinacional española Telefónica se enfrenta a acusaciones de haber sobornado a funcionarios para asegurar su participación en subastas oficiales de divisas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Telefónica Venezolana gastó aproximadamente 28,9 millones de dólares en sobornos. Estos pagos se realizaron a través de dos proveedores que inflaron los precios de equipos adquiridos por la compañía, permitiendo así ocultar las transacciones ilícitas. Como resultado directo de estas prácticas, la empresa logró intercambiar y obtener más de 110 millones de dólares, lo cual representó más del 65% de los fondos asignados en la subasta de divisas de aquel año.
Escándalo de Telefónica por apoyar red de corrupcipon en Venezuela
Este escándalo no solo afecta la reputación de Telefónica sino que también revela la compleja red de corrupción que puede existir en entornos económicos inestables. La decisión de Telefónica Venezolana de “apoyar a un régimen corrupto” fue, según un fiscal, para sortear las complicaciones de operar legalmente en Venezuela en ese momento. La crisis económica en Venezuela, caracterizada por una inflación galopante y devaluaciones constantes, había puesto a prueba la capacidad de muchas empresas multinacionales para mantener sus operaciones sin recurrir a medidas ilícitas.
Como parte del acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA), Telefónica Venezolana y su matriz han prometido una mayor cooperación con las autoridades estadounidenses en investigaciones futuras y mejorar sus programas de auditoría para prevenir tales infracciones. Además, la empresa ha implementado medidas correctivas, incluyendo el despido de empleados involucrados y la fortificación de sus políticas anticorrupción.
Este caso subraya la lucha global contra la corrupción y la necesidad de transparencia en las operaciones corporativas internacionales. El Departamento de Justicia ha enfatizado su compromiso inquebrantable con la justicia, asegurando que empresas que participen en prácticas corruptas serán responsabilizadas, independientemente de su tamaño o prestigio global.
Con información de El País de España
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