El proyecto de un cable submarino de fibra óptica entre Chile y Hong Kong ha desatado una fuerte reacción de Estados Unidos, escalando tensiones diplomáticas con el gobierno saliente de Gabriel Boric a fines de febrero de 2026.
La iniciativa, conocida como Chile China Express y promovida por la empresa estatal china China Mobile International (a través de su filial CMI Chile SpA), busca conectar directamente la región de Valparaíso con Hong Kong mediante un tendido transpacífico de aproximadamente 11.000 a 20.000 kilómetros. El objetivo declarado es diversificar rutas de conectividad digital para Chile —principal socio comercial de China en América Latina— y reducir la dependencia de cables que pasan por zonas de influencia estadounidense, potenciando a Chile como hub digital regional.
Sin embargo, la mera consideración del proyecto por parte de autoridades chilenas provocó una respuesta drástica de Washington. El 20 de febrero de 2026, el Departamento de Estado —bajo la dirección del secretario Marco Rubio— anunció la revocación de visas a tres altos funcionarios del gobierno de Boric: el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de este último, Guillermo Petersen. Estados Unidos los acusó de “dirigir, autorizar, financiar o brindar apoyo significativo a actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en el hemisferio”.
El embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, defendió la medida como una “decisión soberana” y advirtió que permitir infraestructura china en telecomunicaciones críticas podría arriesgar la soberanía chilena y facilitar accesos no deseados por parte de actores malignos. Washington ya había advertido previamente al gobierno chileno sobre los riesgos, incluso antes de que se firmara temporalmente una concesión (que fue anulada días después tras alertas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones).
El presidente Gabriel Boric rechazó enfáticamente las sanciones, calificándolas de “arbitrarias, unilaterales y sorpresivas”, y afirmó que Chile no se dejará “socavar por amenazas de ningún tipo”. El canciller Alberto van Klaveren confirmó que el proyecto aún se encuentra en fase muy inicial de evaluación y que el gobierno defenderá su derecho a analizar inversiones sin injerencias externas. Por su parte, la embajada china en Santiago acusó a EE.UU. de vulnerar la soberanía chilena.
El episodio ocurre a semanas del cambio de mando (11 de marzo de 2026), cuando asumirá el presidente electo José Antonio Kast, quien deberá decidir el futuro del proyecto en medio de presiones crecientes. El caso ilustra la intensificación de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de infraestructuras digitales críticas en América Latina, incluso cuando se trata de propuestas aún no aprobadas.
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