Lima, 17 de febrero de 2026 — Perú ha vivido un carrusel presidencial sin precedentes en la región: desde 2016, el país ha tenido ocho presidentes, la mayoría destituidos por el Congreso bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. El más reciente episodio, la moción de censura contra el actual presidente interino José Jerí —quien asumió el cargo en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte—, ilustra una crisis crónica que ha erosionado la confianza en las instituciones democráticas. Según datos del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), ningún otro país en América Latina ha experimentado tantos cambios abruptos de liderazgo en tan poco tiempo, con cuatro presidentes elevados al poder por impeachments en menos de una década.
Pero, ¿por qué Perú parece atrapado en este ciclo de inestabilidad? Esta investigación analiza las raíces históricas, las fallas institucionales y las opiniones de expertos para desentrañar un problema que amenaza la democracia peruana.
El contexto histórico: De Fujimori a la Constitución de 1993
La inestabilidad actual tiene sus orígenes en la década de 1990, durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori. En 1992, Fujimori disolvió el Congreso en un autogolpe, justificándolo como una medida contra la corrupción y el terrorismo. Al año siguiente, promulgó una nueva Constitución que fortaleció el poder ejecutivo, pero introdujo mecanismos ambiguos que han perpetuado el conflicto entre poderes. Uno de los más controvertidos es el artículo 113, que permite al Congreso declarar la “vacancia presidencial” por “incapacidad moral permanente”, un concepto vago que no requiere pruebas judiciales concretas y se ha convertido en una herramienta política para derrocar mandatarios.
Esta Constitución, según analistas como los del Verfassungsblog, está “manchada por su historia autoritaria” y ha generado un “despotismo parlamentario” donde el Congreso, dominado por facciones derechistas, ejerce un control desproporcionado.
Fujimori destruyó las instituciones democráticas existentes, dejando un vacío que favoreció la fragmentación de los partidos políticos. Como señala el periodista Ben Norton en una publicación en X, el Congreso actual está controlado por oligarcas de derecha que derrocan presidentes que no sirven a sus intereses, un legado directo del fujimorismo respaldado por Estados Unidos.
Históricamente, Perú ha sufrido exclusión social y marginalización de poblaciones indígenas y rurales, exacerbada por derrotas como la Guerra del Pacífico (1879-1883), que reforzaron discursos racistas y cerraron el sistema político a amplios sectores. Según un análisis en The Loop, esta marginalización histórica alimenta la polarización actual, donde figuras como Pedro Castillo ganaron apoyo en regiones olvidadas, solo para ser derrocados por élites limeñas.
El ciclo reciente de destituciones: Un timeline de caos
Desde 2016, Perú ha visto un desfile de presidentes interrumpidos:
- Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció ante un impeachment por escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht.
- Martín Vizcarra (2018-2020): Impeachado por “incapacidad moral” tras acusaciones de corrupción.
- Manuel Merino (2020): Asumió interinamente, pero renunció tras protestas masivas que dejaron dos muertos.
- Francisco Sagasti (2020-2021): Interino, completó el período.
- Pedro Castillo (2021-2022): Impeachado tras un intento de autogolpe; enfrentó tres mociones de vacancia en 18 meses.
- Dina Boluarte (2022-2025): Primera mujer presidenta; impeachada por corrupción y manejo de protestas que causaron decenas de muertes.
- José Jerí (2025-actualidad): Asumió interinamente; enfrenta moción de censura por reuniones secretas con empresarios chinos, en medio de una crisis de seguridad.
Este patrón, según el Atlantic Council, evidencia lo “difícil que es gobernar bajo el sistema político peruano”, con ocho presidentes en una década y un Congreso fragmentado en 14 bloques donde las alianzas son fluidas.
La corrupción endémica, como el escándalo Odebrecht que implicó a presidentes desde 2001, ha erosionado la confianza pública, con Perú liderando en percepción de corrupción entre políticos en América Latina.
Las raíces profundas: Fallas institucionales y desigualdades
Expertos coinciden en que el sistema híbrido presidencial-parlamentario —único en la región— institucionaliza el conflicto. El presidente puede disolver el Congreso si pierde dos votos de confianza, pero el Congreso puede impeachar fácilmente, creando un “juego de muerte súbita” constante, como describe el analista Alonso Gurmendi en X.
Según Americas Quarterly, esto impide que voces nuevas con respaldo popular entren a la arena política, perpetuando élites corruptas. La fragmentación partidaria y la deslegitimación de instituciones son clave. El International Crisis Group destaca que Perú tiene los niveles más altos de insatisfacción con la democracia en América Latina, con partidos frágiles que fomentan polarización extrema. Además, desigualdades económicas y regionales —con Lima concentrando poder frente a un sur andino marginado— alimentan protestas, como las de 2022-2023 que dejaron 50 muertos.
El Wilson Center apunta a un legado de autoritarismo y exclusión, con pocos periodos de regla civil estable para desarrollar instituciones representativas. La pandemia agravó esto, con Perú registrando una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, exacerbando la crisis socioeconómica.
Lo que dicen los analistas: Reformas urgentes o colapso democrático
Analistas como los del Atlantic Council ven la destitución de Boluarte no como resolución, sino como “acento de una crisis institucional profunda”, que erosiona la confianza inversora y pospone políticas a largo plazo. Andrea Moncada, en NPR, remonta el ciclo a 2016, criticando el mecanismo de impeachment como “no difícil” para remover presidentes no alineados con el Congreso.
En el CCSDD, Rafael Aste atribuye la inestabilidad a un “sistema presidencial disfuncional” y colapso de partidos, advirtiendo un camino hacia el colapso democrático. El Inter-American Dialogue urge reformar la cláusula de “incapacidad moral” para requerir procesos judiciales, evitando su uso como arma política.
Global Affairs resalta el descrédito democrático: con instituciones como el Congreso (aprobación del 6%) y la presidencia vistas como corruptas, Perú enfrenta un riesgo de retroceso autoritario. El Crisis Group advierte que, sin reformas, la polarización y crimen organizado —con extorsiones en auge— podrían llevar a más disturbios.
Hacia el futuro: ¿Elecciones en 2026 o más caos?
Con elecciones generales programadas para abril de 2026, Perú enfrenta un desafío: restaurar estabilidad o profundizar la crisis. Analistas coinciden en la necesidad de una reforma constitucional para equilibrar poderes y fortalecer partidos. Sin embargo, la creciente criminalidad —homicidios up 36% en 2024— y protestas actuales contra Jerí sugieren que el ciclo podría continuar.
Como concluye el CFR, estos cambios presidenciales elevan “desconocidos totales” al poder, perpetuando inestabilidad en un país con buffers económicos, pero instituciones frágiles.
Perú necesita no solo nuevos líderes, sino un nuevo pacto social para romper este patrón histórico.
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