La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que las autoridades confiscaron 700 millones de dólares en activos ligados a Nicolás Maduro, a quien describen como el líder de una red criminal en Venezuela.
Durante una entrevista en Fox Noticias con Rachel Campbell-Stuffy, Bondi comparó al régimen chavista con una mafia y detalló los bienes incautados: dos aviones de lujo, varias residencias, una mansión en República Dominicana, propiedades en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, joyas y efectivo.
Bondi también destacó que la recompensa por la captura de Maduro aumentó a 50 millones de dólares, la más alta en la historia.
“Esta red de crimen organizado sigue operando”, afirmó, subrayando el compromiso de Estados Unidos para desmantelarla.
Maduro, considerado por la administración de Donald Trump como el cabecilla del “Cartel de los Soles”, enfrenta acusaciones de narcotráfico con apoyo de militares venezolanos. La operación busca frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense, según las autoridades.
Recompensa histórica por crimen organizado
El jueves pasado, Estados Unidos elevó la recompensa por información que facilite la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. Bondi señaló que el presidente venezolano colabora con organizaciones como el Cartel de Sinaloa para traficar drogas hacia su país.
“Maduro y sus aliados introducen violencia y sustancias letales en nuestras comunidades”, afirmó.
La fiscal también reveló que la DEA confiscó 30 toneladas de cocaína relacionadas con el entorno de Maduro, de las cuales siete toneladas se vinculan directamente al líder venezolano. Estos decomisos representan una fuente clave de ingresos para carteles en Venezuela y México, según la investigación.
La operación contra el crimen organizado liderado por Maduro incluye esfuerzos para rastrear y confiscar activos obtenidos ilegalmente. Las autoridades estadounidenses aseguran que los bienes incautados, como propiedades y vehículos de lujo, evidencian la magnitud de la red.
Este movimiento refuerza la presión sobre el régimen venezolano, acusado de financiar actividades ilícitas que afectan la seguridad regional.
Desafío de Maduro ante acusaciones de crimen organizado
Nicolás Maduro respondió con un tono desafiante a las acusaciones de Estados Unidos. En un acto transmitido por televisión, exclamó:
“Vengan por mí, cobardes”. El presidente venezolano rechazó las imputaciones de liderar el “Cartel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico integrada por militares y políticos de su gobierno.
Maduro calificó las acciones de Washington como una “guerra política” destinada a desestabilizar a Venezuela y cuestionar su soberanía.
El gobierno venezolano insiste en que estas acusaciones forman parte de una campaña internacional para debilitar su liderazgo. “Estados Unidos fabrica mentiras para justificar su agresión”, declaró un portavoz oficial.
Mientras tanto, la tensión diplomática entre ambos países crece, con implicaciones que trascienden las fronteras venezolanas. La comunidad internacional observa de cerca este enfrentamiento, que combina sanciones económicas, operaciones antinarcóticos y un discurso político cada vez más polarizado.
Impacto global del combate al crimen organizado
La confiscación de 700 millones de dólares en activos y la recompensa récord por Maduro intensifican el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela.
Washington sostiene que su objetivo es desarticular redes de crimen organizado que trafican drogas hacia su territorio, afectando la seguridad de sus ciudadanos.
Por su parte, Caracas denuncia una estrategia imperialista para derrocar a su gobierno. Esta escalada de medidas refleja un conflicto con profundas raíces políticas y económicas.
Las acciones de Estados Unidos, que incluyen sanciones y operaciones de inteligencia, buscan presionar al régimen venezolano en un contexto de crisis humanitaria y migratoria en la región.
Mientras tanto, Maduro mantiene su retórica de resistencia, apoyado por aliados internacionales. Este enfrentamiento no solo redefine las relaciones bilaterales, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la lucha contra el crimen organizado en América Latina.
Con información de Agencias
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