La cercanía de una nueva fase de negociaciones políticas en Venezuela, pautada para el próximo primero de agosto, expone severas fracturas en la unidad de las fuerzas democráticas. El debate actual no se centra en la agenda de discusión con el oficialismo, sino en la exclusión de la mayoría de los partidos que integran la Plataforma Unitaria, y de otras organizaciones políticas y fuerzas vivas del país y en el rol que desempeñará María Corina Machado.
Tensiones internas por cuotas
La delegación opositora asignada para las mesas de trabajo está compuesta hasta ahora únicamente por representantes de Primero Justicia y Voluntad Popular. Esta distribución genera un profundo malestar en las otras ocho organizaciones de la coalición que exigen espacios de interlocución, en las organizaciones del entorno de María Corina, y aún más en los sectores que no responden a las estructuras impuestas. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, advirtió que su partido no respaldará un proceso donde no se consulte a todos los miembros, y la Causa R estaría por pronunciarse en el mismo tenor.
Las sospechas sobre la selección de los delegados deterioraron la confianza interna de la alianza. Aunque inicialmente los partidos excluidos señalaron a la directiva de la Asamblea Nacional de 2015 por la imposición de nombres, diversas consultas aclararon el panorama. Fuentes confirman que Washington ejerce una dirección absoluta sobre el diseño, las convocatorias y la legitimación legal del mecanismo.
El rol de María Corina Machado
La segunda gran traba radica en definir la incidencia real de María Corina Machado en las decisiones. Los analistas coinciden en que un aspirante presidencial no debe encabezar directamente la negociación de condiciones electorales o la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, resulta inviable marginar a la dirigente que concentra la mayor legitimidad popular y el respaldo de la ciudadanía.
La fuerza de Machado reside en el apoyo de masas dentro del territorio. Por ello, su retorno para ciertos sectores es indispensable para presionar por reformas estructurales, como la renovación del Consejo Nacional Electoral. El tutelaje internacional estadounidense busca ofrecer un piso jurídico a los inversionistas extranjeros, pero la estabilidad a largo plazo dependerá de la validación interna que solo aporta la dirigencia legitimada por los votos.
A pocos días del inicio del proceso, las reuniones de la Plataforma Unitaria continúan sin alcanzar consensos definitivos, mientras otros sectores también se organizan e intentan estar presentes en el proceso de negociación, pero sin saber cómo. Las fuerzas democráticas enfrentan el reto de unificar posturas frente a una administración que busca ganar tiempo. La viabilidad de una salida democrática dependerá de la capacidad de la oposición para resolver sus disputas de representación antes de sentarse a negociar.
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