El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció la desaparición forzada de María de los Ángeles Castillo, madre de dos niñas, en el estado Lara.
El 18 de julio de 2025, más de 20 encapuchados armados irrumpieron en su hogar en Río Claro sin orden judicial.
Desde entonces, su familia desconoce su paradero, viviendo una angustia extrema.
Clippve exige información inmediata sobre su estado, una fe de vida, contacto con sus seres queridos y su liberación incondicional.
La organización calificó este acto como una grave violación de derechos humanos, generando un sufrimiento inhumano para sus hijas de 9 y 12 años.
Desaparición Forzada: Un crimen silencioso en Lara
En su cuenta de la red social de X, Clippve relató que los encapuchados detuvieron a Castillo de forma arbitraria, sin presentar cargos ni justificar la acción.
La ONG destacó que este caso refleja un patrón de detenciones ilegales en Venezuela.
La familia de Castillo enfrenta incertidumbre total, sin información sobre su integridad o ubicación.
Clippve subrayó que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. La organización demanda respeto a la vida de Castillo y acceso a abogados de confianza para garantizar su defensa.
Un patrón alarmante de desapariciones forzadas
Provea, otra ONG, reportó 23 casos de desapariciones forzadas entre los meses de septiembre 2024 y mayo de 2025, incluyendo siete mujeres, todas madres.
Este informe señala una política estatal de represión que viola derechos fundamentales.
Provea destacó que el 30,4 % de las víctimas son mujeres, incluyendo una embarazada al momento de su detención. Estas acciones, según la ONG, ignoran el debido proceso y el derecho a la defensa.
La desaparición forzada de Castillo en Lara se suma a esta preocupante tendencia, evidenciando un sistema de detenciones arbitrarias que afecta a familias enteras y vulnera garantías constitucionales.
Exigen justicia por la desaparición en Lara
La situación de Castillo ha generado indignación entre organizaciones de derechos humanos.
Provea y Clippve coinciden en que estas desapariciones forzadas buscan sembrar miedo y silenciar voces críticas. La falta de información oficial agrava el sufrimiento de las familias, especialmente de las hijas de Castillo, quienes enfrentan un trauma profundo.
Ambas ONG instan al gobierno a transparentar el paradero de las víctimas y garantizar su integridad. La comunidad internacional también ha mostrado preocupación, exigiendo que Venezuela cumpla con tratados de derechos humanos. Este caso en Lara visibiliza la urgencia de frenar estas prácticas.
Un llamado urgente por María de los Ángeles
Clippve y Provea exigen acciones inmediatas para localizar a Castillo y liberar a todas las víctimas de desapariciones forzadas. La sociedad civil se moviliza para presionar por justicia, mientras las familias claman por respuestas.
Este caso en Lara pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales para proteger los derechos humanos en Venezuela.
La comunidad espera que la presión internacional y local obligue a las autoridades a actuar. La liberación de Castillo y el cese de estas prácticas son prioridades para restaurar la dignidad y seguridad de las víctimas.
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