Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela denuncian un recrudecimiento de la represión contra la disidencia, calificando la práctica como una “ingeniería del terror” diseñada para imponer el miedo. Esta escalada de tensión interna coincide con el aumento de la presión externa sobre el gobierno de Nicolás Maduro, particularmente a raíz del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
Represión dirigida y selectiva
ONG como Provea y Foro Penal reportan un aumento en las detenciones arbitrarias, especialmente dirigidas contra miembros del movimiento político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado.
- Provea registró 54 detenciones en octubre, constituyéndolo como uno de los meses más represivos del año 2025. Marino Alvarado, coordinador de la ONG, alertó que esta política busca silenciar cualquier expresión ciudadana, ya sea en redes sociales o mensajes privados.
- Vente Venezuela denunció una nueva fase de represión “quirúrgica” o “selectiva”, cuyo objetivo es “decapitar al liderazgo opositor” y neutralizar la organización ciudadana. El informe del partido registró 60 detenciones en octubre, coincidiendo con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Machado. En lo que va de 2025, el partido documenta una detención arbitraria cada 32 horas.
Casos emblemáticos y violaciones de derechos
Las ONG destacan que la represión ha adoptado tácticas de terrorismo de Estado, incluyendo el resurgimiento del “efecto Sippenhaft” (culpa por parentesco), donde se persigue a familiares para presionar a los disidentes.
- Caso Familia Hernández Castillo: Las jóvenes Samanta (16 años) y Aranza (19 años), hermanas del teniente Cristian Hernández, fueron detenidas violentamente en noviembre sin órdenes judiciales, con su paradero negado inicialmente a sus familiares.
- Caso Doctora Marggie Orozco: La médica de 65 años fue condenada a la pena máxima de 30 años de cárcel, acusada de traición a la patria y conspiración, supuestamente por compartir un mensaje de voz en un grupo privado de WhatsApp donde llamaba a votar. Provea califica la sentencia de “desproporcionada”, cuyo fin es “meter miedo”.
- Foro Penal reportó hasta el 17 de noviembre un total de 884 presos políticos, de los cuales 159 ya fueron condenados por delitos como traición a la patria y terrorismo.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU también ha documentado la persistencia de detenciones sin base legal, el uso de individuos enmascarados y sin identificación oficial. Además de la fabricación de expedientes penales y la violación grave del debido proceso, subrayando el uso del sistema judicial como un “arma de castigo político”.
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