Minería en Amazonas: José Mejías Guzamana analiza crisis

La Amazonía venezolana enfrenta uno de sus momentos más críticos. Mientras el debate legislativo sobre una nueva Ley de Minas avanza en Caracas, el estado Amazonas sobrevive entre el ecocidio silencioso y la precariedad extrema. En esta entrevista exclusiva, el politólogo, comunicador y director de Punto de Corte, Nicmer Evans, conversa con el dirigente regional José Mejías Guzamana sobre la realidad de un territorio donde la riqueza mineral no se traduce en bienestar para sus habitantes.

Realidad de la explotación minera actual

Nicmer Evans: ¿Cuál es la situación minera de Amazonas en este momento?

José Mejías Guzamana: La minería se explota de manera ilegal con una deficiente defensa por parte de los órganos de seguridad del Estado. Esta actividad causa ecocidios graves en la Amazonía, lo cual es alarmante debido a la vulnerabilidad de nuestra selva. Además, genera un beneficio económico nulo para el desarrollo del país y mucho menos para nuestra región.

El debate sobre la Ley de Minas y el Arco Minero

Nicmer Evans: ¿Qué opinión te merece la ley de minas que está por aprobarse en la Asamblea Nacional y cuál es la situación de Amazonas dentro de esa ley?

José Mejías Guzamana: Lo positivo es que el estatus quo actual debate un tema que antes era tabú. Sin embargo, no observo que hablen de un plan especial para Amazonas. Aunque nuestro estado abarca solo una pequeña parte de la configuración legal del Arco Minero del Orinoco, posee áreas bajo régimen de administración especial con inmensas necesidades económicas.

El Estado debe sincerarse de una vez por todas. Deben decidir si darán apertura a una minería controlada que satisfaga la necesidad económica local sin sacrificar el ecosistema, o si cerrarán esa posibilidad definitivamente. Si eligen lo segundo, deben generar alternativas reales de desarrollo y crear una corporación propia con alto nivel científico. Es paradójico: existen innumerables documentos que prohíben la explotación, pero la realidad muestra minería a escala en al menos seis de los siete municipios del estado.

¿Es viable un Amazonas minero?

Nicmer Evans: ¿Debería ser Amazonas un estado minero? ¿Bajo qué condiciones?

José Mejías Guzamana: De hecho, Amazonas ya es un estado minero. Lo que corresponde es definir las condiciones y normar la actividad. Si esto se mantiene, requerimos un régimen tributario serio que beneficie al estado y estándares de protección ambiental muy rigurosos. La otra opción es aplicar la ley de verdad, para que no quede como un simple “saludo a la bandera” o propaganda política que contrasta con la realidad del interior de Amazonas. Lo que ocurre allí con la minería es un secreto a voces.

Pobreza crítica frente a la riqueza del entorno

Nicmer Evans: Amazonas es un territorio que siempre ha sido protegido por el tema ambiental, pero los niveles de pobreza son muy altos. ¿Cómo se pueden hacer compatibles estas dos cosas en el llamado “nuevo momento político”?

José Mejías Guzamana: Debemos sincerar la volatilidad del producto minero. Actualmente, el beneficio económico se refleja en los países vecinos y no en Venezuela debido a las restricciones legales. Es doloroso comparar a Puerto Inírida, capital del departamento del Guainía en Colombia, con San Fernando de Atabapo en Venezuela.

Inírida tiene 63 años de fundada y muestra mayor desarrollo urbanístico y de servicios. Atabapo, que fue la primera capital de Amazonas y tiene 263 años, vive en la precariedad. Esto ocurre porque el oro que sale del Parque Nacional Yapacana y zonas vecinas se comercializa en Colombia. El entramado legal de restricciones en Venezuela, que existe en el papel pero no en la práctica, dinamiza la economía colombiana y mejora la vida de sus habitantes.

Mientras tanto, del lado venezolano solo hay pobreza, hambre y desigualdad. Hago un llamado al Estado nacional para que evalúe estos hechos consumados más allá del romanticismo. No podemos seguir con la mentira de que el Banco Central compra el oro a precios míseros comparados con el mercado internacional, porque eso fomenta el contrabando. Es un tema de soberanía: debemos cautivar económicamente a nuestra propia gente.

Crisis de servicios públicos e inversión

Nicmer Evans: El tema del servicio eléctrico en el estado Amazonas es muy crítico. ¿Es la minería el factor de activación económica para mejorar las condiciones de vida en el estado?

José Mejías Guzamana: El servicio eléctrico en Puerto Ayacucho es dramático y de pronóstico reservado. El gobierno regional anunció gestiones para equipos en los municipios Atures y Autana, que son el final del sistema de transmisión sur, pero la crisis persiste.

Respecto a la minería, eso es lo que debemos dilucidar. La realidad hoy choca con los deseos. Los servicios en el interior requieren inversiones masivas. El turismo sería nuestro mayor atractivo y palanca económica, incluso por encima de la minería, pero sin infraestructura y servicios de calidad no lo lograremos.

La legalización de la minería podría aportar esos recursos. En Amazonas tuvimos experiencias de hidroelectricidad que se abandonaron. Debemos recuperar ese potencial y mejorar el internet. El transporte acuático y aéreo hacia el interior está en estado crítico; llegar a los municipios selva adentro es casi imposible, incluso para el gobierno. Necesitamos elevar el poder adquisitivo del amazonense para que el circuito económico funcione.

Seguridad y grupos irregulares

Nicmer Evans: Los grupos irregulares en Amazonas son un secreto a voces que tienen amplia incidencia en la extracción minera ilegal. ¿Cómo debe manejarse ese tema para que la extracción minera ilegal pueda ajustarse a una economía productiva que beneficie a la población?

José Mejías Guzamana: Al legalizar la minería, muchas cosas tienen que cambiar, especialmente la inversión en seguridad. La protección y defensa será una exigencia primaria de cualquier empresa internacional que desee invertir aquí. Esa es una responsabilidad directa del Estado nacional.

Si el Estado posee los recursos, no hay excusas para no cumplir con su deber. La otra opción sería permitir que el capitalista internacional se encargue de la seguridad, pero eso implica un riesgo para la soberanía que la nueva ley debe considerar. Esperamos que la normativa tome en cuenta todos estos puntos que hemos señalado para transformar la realidad de nuestro estado.

Fuentes consultadas: