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La especialista en justicia penal internacional Marta Valiñas, defensora de Derechos Humanos, recalcó que practicas como: audiencias colectivas, violencia sexual, detenciones selectivas, detenciones a menores de edad y tratos crueles son parte de los registros que documenta el equipo después del 28 de julio.
Marta Valiñas líder de la misión de Naciones Unidas, durante los últimos cinco años, conversó con BBC Mundo para explicar los hallazgos que la misión hizo públicos en su último informe sobre la persecución política en Venezuela después de las elecciones.
Hasta ahora, el equipo de Valiñas ha registrado en Venezuela 850 casos de violaciones graves de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros crímenes.
Los testimonios recolectados por la misión encabezada por Valiñas pueden ser útiles para el expediente “Venezuela I”, la indagación que la Corte Penal Internacional (CPI) inició contra el gobierno de Maduro por supuestos delitos contra la humanidad y que representa el primer caso en América Latina que alcanza este nivel.
El período postelectoral intensificó la represión
Por una parte, se encuentra el carácter masivo e indiscriminado de las detenciones arbitrarias que tuvieron lugar tras las elecciones. Y por otro lado, la manera en que se llevaron a cabo. En ciertas situaciones, las fuerzas de seguridad de Estado ingresaron a las viviendas, muchas veces sin una orden, y arrestaron a las personas simplemente por un video o una declaración que habían hallado en las redes sociales, añadió la defensora.
El problema radica en que esta masividad y este comportamiento indiscriminado se complementaron con múltiples violaciones graves al debido proceso, que se dieron de forma repetida y sistemática, y dejaron a las personas totalmente vulnerables.
Investigadores de la misión documentan practicas represivas que no se aplicaban en años anteriores tales como: “las audiencias colectivas donde se imputan cargos como terrorismo o incitación al odio sin una individualización de la conducta de cada una de estas personas. Esto no lo vimos en las protestas de 2014, 2017 o 2019. Algunas de las audiencias realizadas con los niños, niñas y adolescentes detenidos, sin presencia de sus padres ni asistencia legal” indicó Marta Valiñas.
Hemos podido investigar algunos casos individuales, pero solo una pequeña muestra de este universo enorme de casos. Por ejemplo, en nuestro informe damos cuenta de 2 niñas que fueron detenidas porque estaban pasando cerca de una protesta y las insultaron, las golpearon y las detuvieron junto con hombres adultos. Una fue liberada, pero la otra permaneció detenida y fue víctima de manoseos estando embarazada. Eso es violencia sexual y es una violación de sus derechos reproductivos. La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos visto.
No tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela, según Valiñas las autoridades no están preocupadas en dar una apariencia de legalidad
También las detenciones selectivas de personas con un perfil público conocido se volvieron más masivas, como los casos de Freddy Superlano, María Oropeza o William Dávila.
Según Marta Valiñas, esto se había visto en casos como el de Rocío San Miguel y otras personas detenidas con sus familiares. “El tema es que todo esto ocurrió en un período muy corto. Por eso decimos que no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Ya las autoridades no están preocupadas en dar una apariencia de legalidad” sostuvo.
Documentan casos de hombres detenidos golpeados o que recibieron descargas eléctricas en los genitales. Así como mujeres que hablan de manoseos o el caso de una mujer que había informado que estaba embarazada y aún así la golpearon y perdió a su bebé. Hay niñas y mujeres forzadas a desnudarse frente a guardias hombres. Esto también aparece en casos después de las elecciones.
Reiteró sobre los casos de mujeres detenidas coaccionadas a tener relaciones sexuales con los guardias para tener acceso a bienes básicos, pero que son vistos como beneficios o privilegios dentro de las cárceles.
Parte de la preocupación de la misión y de las organizaciones en Venezuela es que estas personas están abandonadas
Marta apuntó que nunca han tenido acceso a las cárceles, ni a las autoridades del Estado, desde que se creó la misión en 2019 y tampoco no se les permite entrar en el país.
Así mismo señaló que después de las elecciones, los detenidos no tienen abogados privados, parte de nuestra preocupación y de las organizaciones en Venezuela es que estas personas están abandonadas, sin posibilidad de que sus abogados revisen los expedientes.
Sin embargo, reciben información de diferentes fuentes.
Detalló que los detenidos en contexto postelectoral son forzados, tanto a adultos como a niños, a admitir los cargos. Comentó: les dicen que si no aceptan, les van a imponer sanciones mucho más altas. “Te vas a pasar 20 años en la cárcel, entonces mejor reconoce que estuviste haciendo esto”. Eso está pasando ahora. Y es sumamente preocupante, sobre todo cuando hablamos de niños.
La defensora dijo que el último informe se plantea que el delito de persecución fundada en motivos políticos es un crimen que está previsto en el Estatuto de Roma. Creemos que ese delito de lesa humanidad, el delito de persecución fundada en motivos políticos, está siendo cometido en este momento porque los niños y niñas detenidos, los miembros de las mesas electorales o personas que simplemente pusieron algo en sus redes sociales contra los resultados electorales, están siendo blanco de esta represión por expresar sus opiniones, que son vistas como una crítica o una amenaza al gobierno y que hay que anular, eliminar.
La misión ha documentado y analizado al menos 850 casos, 520 de ellos constituyen detenciones arbitrarias y 170 corresponden a torturas y malos tratos
Así mismo Marta Valiñas manifestó la disposición en divulgar la información que han recolectado. “No solo los reportes que ya están disponibles, sino también las entrevistas que hemos hecho, los expedientes judiciales y otros documentos a los que hemos accedido” declaró.
Estamos preparados para divulgarlo tanto a la Corte Penal Internacional como a otras cortes que operen bajo el principio de jurisdicción universal.
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