Márquez advierte sobre irregularidades en la designación del Fiscal General y el Defensor

Márquez advierte sobre irregularidades en la designación del Fiscal General y el Defensor

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Enrique Márquez denuncia “atajos legales” en la AN para nombrar al Fiscal General y exige apego estricto a la Constitución.

El dirigente y expreso político Enrique Márquez manifestó hoy su profunda preocupación por los métodos aplicados en la Asamblea Nacional para elegir nuevas autoridades.

El también ex aspirante presidencial advirtió que el Parlamento recurre a peligrosos atajos legales para designar al próximo Fiscal General y al Defensor del Pueblo.

Según Márquez, estas maniobras e interpretaciones restrictivas comprometen seriamente la legitimidad de los cargos tras las recientes renuncias de sus titulares oficiales.

El político entregó un documento formal este martes ante el Poder Legislativo para exigir un proceso transparente y ajustado a derecho. Venezuela enfrenta actualmente una oportunidad histórica para reconstruir su democracia mediante instituciones sólidas, íntegras y plenamente independientes.

Sin embargo, el uso de criterios partidistas en estas designaciones pone en riesgo la necesaria transición institucional del país caribeño. Márquez recordó que el país demanda funcionarios con probada solvencia moral y compromiso real con los derechos humanos fundamentales.

La paz social de la nación depende directamente de la transparencia con la que el Estado seleccione a sus representantes

La paz social de la nación depende directamente de la transparencia con la que el Estado seleccione a sus representantes. El dirigente insiste en que las decisiones a puertas cerradas solo profundizan la crisis de confianza ciudadana.

El exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral subrayó que el artículo 279 de la Constitución Nacional rige obligatoriamente todo este procedimiento de selección. Este mecanismo legal exige la conformación de un Comité de Evaluación de Postulaciones con la participación activa de diversos sectores sociales.

Márquez, quien sufrió encarcelamiento por más de un año, enfatizó que la independencia debe prevalecer sobre cualquier negociación política interna. El escrito presentado solicita formalmente la publicación del cronograma completo de actividades y los criterios técnicos aplicados por el comité evaluador.

También pidió garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a impugnar aquellas postulaciones que no cumplan con los requisitos éticos. La omisión de fases procedimentales dentro de la Carta Magna deslegitima el origen de quienes ocupen finalmente estas altas magistraturas.

Para el dirigente, es hora de demostrar que las instituciones sirven al ciudadano común y no exclusivamente a las cúpulas del poder. Solo el apego absoluto a la ley permitirá avanzar hacia una transformación democrática real, sólida y duradera en el tiempo.

Transparencia constitucional contra los atajos legales para el Fiscal General

La exigencia de Enrique Márquez busca frenar los atajos legales que podrían viciar la selección del nuevo Fiscal General de la República próximamente.

El dirigente solicitó que la Asamblea Nacional detalle públicamente la integración del comité que evaluará a cada uno de los aspirantes. No se puede permitir que el Poder Ciudadano nazca de acuerdos políticos opacos que ignoren la voluntad popular soberana.

La integridad del proceso constitucional representa el único cimiento válido para alcanzar la estabilidad y la justicia en todo el territorio nacional. Los ciudadanos deben participar activamente en la vigilancia de estos nombramientos para asegurar la idoneidad de los nuevos funcionarios públicos.

Enrique Márquez concluyó que la legitimidad de estos cargos resulta indispensable para garantizar el respeto pleno a las leyes vigentes. La reconstrucción del sistema democrático venezolano requiere que el Parlamento actúe con máxima responsabilidad y transparencia ante los ojos del mundo entero.

Cualquier desviación de los mandatos constitucionales solo servirá para prolongar la incertidumbre institucional y el descontento de la sociedad civil organizada.

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