Marco Rubio figura como testigo en el juicio contra David Rivera, acusado de recibir millones para influir en las sanciones contra el gobierno de Maduro.
La Fiscalía de Estados Unidos incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio, en la lista de testigos para el próximo juicio federal en Miami. El proceso judicial apunta contra el excongresista David Rivera por intentar suavizar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Según las investigaciones, Rivera actuó presuntamente como un agente extranjero no registrado para favorecer intereses venezolanos mediante presiones políticas directas. El exlegislador habría recibido pagos superiores a los cinco millones de dólares para gestionar cambios en la política exterior de la Casa Blanca.
Los fiscales del Distrito Sur de Florida sostienen que este esquema de cabildeo ocurrió durante el primer mandato presidencial de Donald Trump. La selección del jurado iniciará el próximo 16 de marzo para determinar la responsabilidad penal del antiguo aliado republicano de Florida.
El caso genera un enorme revuelo mediático debido a la relevancia pública de los personajes involucrados en la política estadounidense hacia Caracas.
El rol de Marco Rubio y la influencia de Maduro en el juicio
Los documentos judiciales revelan que Marco Rubio integra un grupo de treinta personas que podrían declarar ante el tribunal federal este mes.
La relación entre Rubio y el acusado David Rivera posee raíces profundas que datan de la década de los noventa. Ambos políticos compartieron vivienda durante sus años iniciales en la legislatura estatal y ascendieron juntos en las filas del Partido Republicano.
La fiscalía busca aclarar si el excongresista utilizó este vínculo personal para intentar modificar la postura oficial contra el gobierno de Nicolás Maduro. Otros funcionarios actuales y retirados del Departamento de Estado también aparecen en la lista de testigos presentada por las autoridades.
Rivera mantiene su postura de inocencia y afirma que sus gestiones buscaban explorar cambios políticos legítimos en Venezuela. Sin embargo, los investigadores aseguran que el esquema financiero oculto demuestra una intención clara de beneficiar económicamente a la administración venezolana.
La defensa intentará demostrar que los contactos en Washington no violaron las leyes federales sobre el registro de agentes extranjeros.
Con información de Agencias
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