Nicolás Maduro intensifica la represión en Venezuela al anular pasaportes de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Esta medida, denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), busca silenciar voces críticas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Al menos 40 personas han perdido su documento de identidad sin notificación oficial ni justificación legal. La estrategia limita la movilidad, el trabajo y la vida familiar de los afectados, generando temor a represalias como detenciones arbitrarias. Muchos descubren la anulación al intentar viajar o consultar el sistema del Saime.
Anulación de pasaportes: Tácticas de control
La CIDH señala que la anulación de pasaportes forma parte de una estrategia sistemática para amedrentar a quienes denuncian irregularidades electorales. Las víctimas, principalmente opositores y periodistas, enfrentan restricciones severas. La falta de transparencia en el proceso agrava la situación, ya que los afectados no reciben explicaciones. Algunos optan por salir del país por rutas irregulares, temiendo persecuciones. La comunidad internacional debe actuar para reconocer documentos anulados y proteger los derechos fundamentales.
Llamado urgente a la acción
La CIDH exige a Venezuela restituir inmediatamente los pasaportes y cesar estas prácticas represivas. Además, insta a los países a establecer mecanismos que validen documentos vencidos o anulados arbitrariamente. Esta medida busca garantizar el derecho a la identidad y la movilidad. La anulación de pasaportes no solo viola la Constitución venezolana, sino también tratados internacionales. La comunidad global debe presionar por el restablecimiento de la democracia en Venezuela y apoyar a las víctimas de estas tácticas autoritarias.
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