El presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, solicitó el lunes 23 de diciembre la aplicación de la Ley Simón Bolívar contra las líderes de la AN 2015, Dinorah Figuera, Marielena Fernández y Auristela Vásquez, quienes están exiliadas. Esta petición surge en un contexto de creciente hostilidad contra la oposición venezolana. La Ley Simón Bolívar, aprobada por el oficialismo, busca endurecer las sanciones contra quienes consideran adversarios del gobierno.
La Ley Simón Bolívar y la política del exilio
Rodríguez argumenta que la aplicación de esta ley es necesaria debido a que las mencionadas dirigentes han violado leyes al mantenerse activas desde el exilio. En respuesta, críticos y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el uso de esta legislación como una herramienta para silenciar voces disidentes. La solicitud de Rodríguez se suma a una larga lista de acciones que según algunos observadores internacionales, buscan desmantelar cualquier forma de oposición organizada.
Secuestro de Luis Tarbay: Un nuevo caso de represión
En un giro alarmante, agentes del régimen de Maduro secuestraron a Luis Tarbay, un conocido activista de Derechos Humanos y coordinador del comando Mundo ConVzla, la mañana del martes 24 de diciembre. El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela denunció en su cuenta de redes sociales que “Luis Tarbay, activista de DDHH y coordinador de @mundoConVzla, fue secuestrado y sometido a desaparición forzada”. La situación de Tarbay es especialmente preocupante ya que, según el mismo comité, no ha cometido ningún delito, sino que ha sido perseguido por organizar y apoyar a la diáspora venezolana en su lucha contra las injusticias en más de 400 ciudades alrededor del mundo. El pedido para #LiberenALuisTarbay se ha vuelto un clamor en las redes sociales, donde se exige su liberación inmediata.
Este incidente no es aislado; forma parte de una serie de acciones represivas que han aumentado en Venezuela, especialmente contra aquellos que alzan su voz en defensa de los derechos humanos y la democracia. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos están observando de cerca estos eventos, preocupados por la creciente intolerancia y represión en el país.
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