Buenos Aires, 6 de abril de 2026 – Una filtración de 76 documentos internos (más de 1.431 páginas) ha destapado una operación de influencia rusa en Argentina que, según un consorcio internacional de investigación, destinó alrededor de 283.000 dólares entre junio y octubre de 2024 para colocar al menos 250 artículos en más de 20 medios digitales. La red, conocida internamente como “La Compañía” —una estructura privatizada heredera del aparato propagandístico del Grupo Wagner y vinculada al Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR)—, buscaba tres objetivos claros: desacreditar al presidente Javier Milei, inflamar tensiones diplomáticas con Chile y desincentivar cualquier apoyo argentino o regional a Ucrania y a la órbita occidental.
Los documentos, obtenidos inicialmente por el medio africano The Continent y compartidos con OpenDemocracy, Forbidden Stories, Filtraleaks y otros, detallan pagos que oscilaban entre 350 y 3.100 dólares por artículo. Incluyen “periodistas fantasma”, firmas falsas generadas con IA y contenidos que mezclaban críticas reales con noticias fabricadas. Uno de los casos más graves fue la difusión de una falsa noticia según la cual Milei había enviado un “equipo de sabotaje” para atacar un gasoducto transandino en Chile, con el evidente fin de generar un conflicto bilateral.
Los objetivos geopolíticos del Kremlin
Milei rompió radicalmente con la tradición de acercamiento kirchnerista a Moscú. Desde su campaña apoyó públicamente a Ucrania, criticó a Putin y alineó a Argentina con Estados Unidos, Israel y Occidente. Eso convirtió a Buenos Aires en un objetivo prioritario para “La Compañía”, que vio en la polarización argentina un terreno fértil para “echar leña al fuego”.
Los temas recurrentes en los artículos pagados eran:
- Exagerar la crisis económica y social bajo Milei.
- Acusar de corrupción o improvisación a La Libertad Avanza.
- Atacar la postura pro-ucraniana del gobierno y presentar la guerra como un conflicto ajeno a los intereses latinoamericanos.
- Fomentar divisiones internas y tensiones con vecinos, especialmente Chile.
La operación no se limitó a Argentina. La misma red operó en otros países de América Latina y África, entrenando influencers y replicando tácticas de “guerra híbrida”: desinformación barata, amplificación en redes y explotación de grietas locales. El objetivo regional era claro: evitar que América Latina se convierta en un bloque pro-occidental y mantener focos de inestabilidad que distraigan a Washington.
El modelo kirchnerista de “periodismo financiado”: una vulnerabilidad explotada
En Argentina, la revelación no cayó por sorpresa. Durante los gobiernos kirchneristas (especialmente 2003-2015 y 2019-2023), la publicidad oficial representó una parte muy significativa de los ingresos de numerosos medios y periodistas afines. Denuncias históricas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y organismos locales señalaban que, en algunos casos, la pauta estatal llegaba a financiar hasta el 75 % de los ingresos de ciertos portales y comunicadores, a cambio de cobertura favorable o ataques selectivos.
Este sistema creó un ecosistema mediático acostumbrado a recibir dinero por narrativa más que por audiencia o calidad informativa. Muchos medios sobrevivían gracias a contratos de pautas millonarias del Estado. Cuando el kirchnerismo perdió el poder nacional en 2023, esa fuente se redujo drásticamente con las políticas de ajuste de Milei. “La Compañía” habría encontrado ahí una oportunidad: periodistas y medios con experiencia en recibir financiamiento político eran más permeables a ofertas externas, incluso de un servicio de inteligencia extranjero.
Varios de los medios mencionados en los documentos rusos pertenecían precisamente al espectro kirchnerista o progresista (como El Destape, C5N, Realpolitik y otros). Aunque la mayoría niega haber recibido pagos y asegura que los contenidos llegaron por vías indirectas, la filtración expone cómo la dependencia histórica de fondos políticos abre la puerta a capturas por actores externos.
Implicaciones para la democracia regional
Este escándalo va más allá de Argentina. Demuestra que el Kremlin ve a América Latina como un teatro de operaciones de baja intensidad, pero alto rendimiento estratégico. No necesita invadir ni enviar armas: basta con comprar narrativa para polarizar sociedades, erosionar gobiernos incómodos y sabotear alineamientos geopolíticos.
En Chile, la fake news del gasoducto generó tensión real en redes y círculos diplomáticos, aunque se desinfló. En el resto de la región (Colombia, Bolivia, México, Venezuela), analistas advierten que la misma táctica puede replicarse contra cualquier gobierno que se acerque demasiado a Washington o a Ucrania.
Para Milei, el caso refuerza su narrativa de “casta mediática” y “periodistas ensobrados”. La SIDE argentina investiga y el presidente prometió llegar “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, también pone en evidencia la fragilidad estructural del periodismo latinoamericano: cuando los ingresos dependen más de patrocinadores políticos (sean locales o extranjeros) que de lectores, la independencia se vuelve ilusoria.
Rusia niega toda vinculación y califica las acusaciones de “infundadas”. Los agentes identificados en Argentina (Lev Andriashvili e Irina Yakovenko) también lo desmienten. Pero los documentos internos son tan detallados —incluyen presupuestos, listas de medios y tarifas— que el consorcio los considera creíbles.
Conclusión: soberanía informativa en jaque
El caso de “La Compañía” es un aviso serio para toda América Latina. Muestra cómo potencias externas pueden explotar debilidades domésticas —polarización, precariedad económica de los medios y cultura de financiamiento político— para avanzar sus agendas. El kirchnerismo no inventó el “periodismo pagado”, pero su modelo de dependencia estatal creó un terreno abonado que Rusia sembró con dólares y desinformación.
Mientras Milei consolida su giro occidental, el Kremlin juega su partida larga: convertir cualquier avance pro-EE.UU. en un pantano de descrédito y conflicto interno. La pregunta incómoda que queda flotando es cuántas operaciones similares habrán pasado desapercibidas y cuántos “periodistas” en la región siguen cobrando por narrativa en lugar de por verdad.
En un continente donde la desinformación ya es endémica, este episodio obliga a una reflexión urgente sobre la necesidad de mayor transparencia en el financiamiento de los medios y mayor resiliencia frente a la guerra híbrida. La “ensalada rusa” de desinformación ya tiene sabor a conflicto regional y amenaza con servirse en más platos.
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