La nueva Circular 014 del Registro Civil de Chile excluye de la nacionalidad automática a hijos de padres en situación irregular. Organizaciones advierten sobre el riesgo de apatridia y la vulneración de derechos humanos fundamentales.
El panorama migratorio en Chile atraviesa un momento crítico debido a las nuevas directrices administrativas del gobierno de José Antonio Kast.
No se trata solo de las promesas de campaña sobre expulsiones masivas de extranjeros en situación irregular. La verdadera controversia surge de la reciente Circular N° 014 emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Este documento instruye que los recién nacidos de padres con permanencia transitoria deben registrarse bajo una categoría específica.
Estos niños ahora figuran como “hijos de extranjeros transeúntes”, lo cual anula su acceso directo a la nacionalidad chilena.
Esta medida rompe con una práctica administrativa que funcionó de manera estable durante la última década en el país.
El texto oficial se fundamenta en el artículo 10 de la Constitución, que regula las excepciones al otorgamiento del vínculo jurídico nacional. Los oficiales civiles ahora tienen la obligación estricta de verificar la documentación de los padres antes de realizar cualquier inscripción de nacimiento.
El cambio normativo genera una barrera burocrática que afecta principalmente a familias que buscan establecerse formalmente en el territorio nacional. Anteriormente, las autoridades consideraban el ánimo de permanencia y el arraigo social de los padres antes de negar la ciudadanía.
Muchos fallos judiciales de la Corte Suprema respaldaron esta visión más amplia para proteger el derecho a la identidad infantil. Sin embargo, la nueva instrucción descarta cualquier análisis subjetivo sobre la intención de residencia por parte de los funcionarios.
El Registro Civil sostiene que no posee facultades para evaluar si una familia desea radicarse definitivamente en el país. Ahora, la carga de la prueba recae totalmente sobre los padres, quienes deben impugnar la decisión mediante trámites posteriores.
Esta situación coloca a los menores en una zona de vulnerabilidad jurídica sin precedentes en la historia reciente de la nación.
Riesgos de la nacionalidad chilena y la apatridia infantil
La Asociación de Venezolanos en Chile (ASOVEN) levantó su voz de protesta contra estas disposiciones que afectan la nacionalidad chilena.
Su presidenta, Patricia Rojas, calificó la medida como un retroceso alarmante que condena a los niños a una invisibilidad legal absoluta.
El comunicado destaca que la ruptura diplomática entre Chile y Venezuela impide que los padres registren a sus hijos en consulados extranjeros. Sin el reconocimiento chileno, estos infantes no poseen ningún documento que acredite su existencia ante el mundo.
Esto genera un estado de apatridia irremediable que limita el acceso a servicios esenciales de salud y educación pública. La organización afirma que la circular contradice tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Al supeditar la identidad a controles migratorios secundarios, el Estado olvida su rol como garante de los derechos humanos fundamentales.
La Defensoría de la Niñez también manifestó una profunda preocupación por el uso de la categoría de “extranjero transeúnte”.
La institución advierte que este concepto está diseñado para personas de paso, como turistas, y no para residentes de largo aliento. Utilizar el estatus migratorio de los padres para definir el futuro de un niño resulta incompatible con el enfoque de derechos.
El organismo subraya que el interés superior del niño debe prevalecer sobre cualquier interpretación administrativa restrictiva o coyuntura política. Además, critican la falta de coherencia entre esta circular y la ley de protección integral de la niñez vigente en el país.
El Estado tiene la obligación de evitar que un menor nazca sin protección jurídica, especialmente cuando su origen es incierto. La Defensoría insta a revisar la normativa para alinearse con los estándares internacionales que prohíben la discriminación por estatus administrativo.
Finalmente, el llamado de las organizaciones sociales y de derechos humanos es hacia la suspensión inmediata de estas directrices gubernamentales. El derecho a un nombre y a una pertenencia nacional no debe depender de la vigencia de una visa temporal.
La dignidad humana debe situarse por encima de las políticas de control fronterizo que hoy afectan a los más vulnerables. La comunidad internacional observa con atención cómo Chile resuelve esta tensión entre sus leyes internas y sus compromisos globales.
La incertidumbre sobre la nacionalidad chilena para estos recién nacidos crea una generación de ciudadanos invisibles dentro de su propio país.
Resulta urgente establecer mecanismos que aseguren la identidad desde el momento del nacimiento, sin barreras burocráticas que generen exclusión social permanente. Solo así se podrá garantizar un futuro justo para todos los niños y niñas que nacen hoy en suelo chileno.
Con información de Agencias
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