Un tribunal argentino ordenó este martes a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y ocho condenados en la causa Vialidad desembolsar 685,000 millones de pesos (537 millones de dólares) por irregularidades en la adjudicación de obras viales.
El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) determinó que Fernández, junto a exfuncionarios y empresarios, debe responder por el daño al erario público, calificado como un “gravísimo hecho de corrupción”.
En un plazo de 10 días hábiles, la exmandataria debe depositar su parte en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina, o enfrentará el remate de sus propiedades embargadas.
Detalles de la resolución judicial
El TOF 2, tras evaluaciones de peritos contables, fijó el monto y desestimó la propuesta de la defensa de Fernández, que sugería un pago de solo 42,000 millones de pesos.
La resolución abarca a Fernández, el empresario Lázaro Báez y exfuncionarios como José López, todos bajo prisión. La justicia destacó que las maniobras durante los gobiernos de Fernández y Néstor Kirchner (2003-2007) afectaron gravemente los recursos públicos.
Condena y contexto de la corrupción
Fernández, en prisión domiciliaria desde el mes pasado con tobillera electrónica, enfrenta una condena de seis años e inhabilitación perpetua para cargos públicos, ratificada por la Corte Suprema.
El tribunal rechazó cambiar su lugar de reclusión, pese a las protestas de militantes peronistas que generan molestias en su barrio. Los condenados planean apelar la decisión, según fuentes cercanas.
En redes como X, usuarios debaten la magnitud del caso, resaltando el impacto de la corrupción en Argentina. La resolución refuerza el compromiso judicial contra el mal uso de fondos públicos.
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